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La oposición acusa a Maduro de usar al Tribunal de Justicia para imponer su voluntad

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
miércoles 02 de marzo de 2016, 01:00h
La máxima instancia judicial del país se adelantó a la discusión de ayer en la AN, y minutos antes de comenzar el debate, Ramos Allup tuvo que acusar recibo de la sentencia número 9, de la Sala Constitucional, que declaraba nula de toda nulidad la sesión sobre los magistrados express.
La máxima instancia judicial del país se adelantó a la discusión de ayer en la AN, y minutos antes de comenzar el debate, Ramos Allup tuvo que acusar recibo de la sentencia número 9, de la Sala Constitucional, que declaraba nula de toda nulidad la sesión sobre los magistrados express. “Para depender de esa manera del TSJ, el Ejecutivo tiene que estar muy mal”, disparó el adeco.



Último punto en el orden del día, durante la sesión de ayer: Informe que presenta la Comisión Especial para el Estudio y Análisis del Proceso de Selección de Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, electos el 23 de diciembre de 2015. En cristiano: los magistrados express. Los alrededores de la Asamblea Nacional (AN) estaban atestados de las turbas chavistas. Entrar al Palacio Legislativo no fue fácil.



A eso de la 1:00 pm, el presidente de la AN, diputado Henry Ramos Allup, recibía la sentencia número 9, de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), recién sacada del horno. Palabras más, palabras menos, el TSJ dictaminaba que la sesión sobre los magistrados designados el pasado 23 de diciembre, era nula e inconstitucional, por considerar que la AN carece de competencia para pronunciarse al respecto.



Pero como sea que en Venezuela no sólo asistimos a una severa crisis de gobernabilidad, sino también a un frontal choque de poderes, que no es sino la prueba más fehaciente de lo anterior, la sesión se llevó a efecto de cualquier manera, con la participación de la bancada del PSUV incluida, claro está. El referido informe fue aprobado “por mayoría evidente”, según asentaría Ramos Allup, con el voto salvado de los diputados chavistas.



Renuncia bajo amenaza



Pero, ¿cuál fue el telón de fondo de esta discusión? Abrió el diputado Carlos Berrizbeitia (MUD), quien formó parte de la comisión, y dejó en claro que “la bancada de la crisis” –como han comenzado a llamar los opositores a sus contrarios- se negó a formar parte de dicha comisión. Tras un ligero introito, el parlamentario usó la artillería pesada: “Los magistrados Luis Ortiz y Carmen Porras fueron obligados a renunciar, bajo amenaza”, dejó caer.



Y lanzó un video de Carmen Porras compareciendo ante la mencionada comisión, de la cual –como se dijo- formaba parte Berrizbeitia: la ex magistrada confesaba en el video haber sido sometida a diversas coacciones para forzar la solicitud de su jubilación; que la presidenta del TSJ le había puesto en claro: “esto es un decisión política, si no la cumple va a quedar indisciplinada, y va a manchar su hoja de vida”, se escuchó en los parlantes.



Pero había más: la presidenta del TSJ –revela Porras en el video-, le habría explicado a la magistrada saliente que no era cosa de sí o no, de querer o no querer, “se trata de una orden”, habría despachado por la libre. “¿Cuál es la diferencia entre un Pran y algunos magistrados”, se preguntó en voz alta, Berrizbeitia. “Necesitamos restituir el estado de derecho”, agregó el parlamentario de la MUD.



Ya casi llegados al cierre del debate, que estaría a cargo de Ramos Allup, el diputado Edwin Rojas (PSUV) atajaría el video de Berrizbeitia. Alzó ante las cámaras, y leyó al voleo, una carta de Carmen Porras, quien se expresaba como quien se despide de una gerencia de mercadeo, en una multinacional, con una liquidación jugosa, todas las metas cumplidas, y en santa paz con los compañeros. Mentira. Que Porras no fue coaccionada.



Hubo varias intervenciones antes de Pedro Carreño (PSUV), quien se deshizo en un laberinto de vericuetos legales, que echaban por la borda la legalidad de la sesión en curso, y que, claro está, terminan todos en la sentencia número 9 del TSJ, emanada escasas horas antes. “Decían que iban a sacar a Maduro en menos de 6 meses, y hoy andan tristes acá”, dio cuenta de una dosis de cinismo. En resumen: la AN no tiene facultades en esto.



Como un colibrí



Enhebrando un discurso leído, pero de impecable redacción, María Gabriela Hernández (MUD) devolvió la majestad a la sesión: hay que moverse raudo como el colibrí, para combatir a este Gobierno. Maduro ordenó designar a los magistrados express, habiendo constatado que perdía el favor del pueblo, el pasado 6D. Siguió Juan Marín (PSUV) quien denunció una supuesta “intencionalidad política” de la MUD.



Y entonces Ramos Allup pondría la guinda: “No habrá alimentos, no habrá medicinas, pero sí hay sentencias”, rompió el hielo el curtido adeco, en alusión a la sentencia número 9 del TSJ. Y disparó un análisis certero: “La Constitución prohíbe la pena de muerte. ¿Qué pasa si el TSJ declara la pena de muerte procedente? ¿Eso nadie lo puede revisar? Eso no es así, queridos colegas”, puso en claro.



“Esta confrontación de poderes no es mala para el Ejecutivo, sino para el sistema democrático”, apeló a la sensatez. “La comisión no hizo sino constatar que no se observaron los extremos legales para la designación de esos magistrados”, espetó, y dijo más adelante: “Para depender de esta manera del TSJ, el Ejecutivo debe estar muy mal (…) hago un llamado de alerta, de angustia: cuidado con seguir dependiendo del TSJ”, advirtió Ramos Allup.



El bypass del TSJ. La predecible espada de Damocles. No gano, pero arrebato. Tienes razón, pero vas preso. Henry Ramos Allup había deslizado unas líneas antes: “No voy a hablar de la moral o la ética de los magistrados express, pero su designación está viciada de toda nulidad (…) si esto colapsa, como está a punto de colapsar, el país se va a ver afectado en su totalidad”. Llamar al Diablo es fácil; lo difícil es verlo llegar.

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