La industria alimentaria pide el 10% de los ingresos petroleros, unos 3.500 millones de dólares, para resolver el problema, pero Maduro insiste en culpar a los empresarios de una “guerra económica” y sólo ofrece “profundizar” la revolución. El plan del Gobierno para resolver la crisis con importaciones de Brasil y Uruguay no funcionó. Ni ganaron las elecciones, ni se acabaron las colas. Cavidea alertó ayer que “no prevemos que la situación mejore en los próximos 120 días”. La organización planteó soluciones, tal y como ocurrió en marzo, y como también lo hizo Lorenzo Mendoza en febrero de 2014. La industria pide el 10% de los ingresos petroleros, unos 3.500 millones de dólares, para resolver el problema, pero Maduro insiste en culpar a los empresarios de una “guerra económica” y sólo ofrece “profundizar” la revolución.
Pasaron las elecciones y los anaqueles esperan vacíos. La crisis económica y el desabastecimiento son otro desafío para el Gobierno en el corto plazo. Las prisas de los últimos meses para importar alimentos de Brasil y Uruguay sirvieron de poco a los creadores del plan: ni ganaron en las urnas, ni se superó la escasez.
El año termina como comenzó: con largas colas a las puertas de los supermercados. La falta de medidas de fondo convirtió al desabastecimiento en un problema crónico y las advertencias sobre lo que se avecina se repiten desde el sector privado.
La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) alertó ayer que sin decisiones dirigidas a destrabar las barreras que frenan a la industria, en los próximos 120 días no habrá una mejora en la oferta de alimentos en el mercado.
“No prevemos que la situación mejore en los próximos 120 días”, afirmó Manuel Felipe Larrazábal, presidente de Cavidea. “La cadena de suministro de la industria de alimentos está rota”, acotó el directivo a propósito de las dificultades para obtener materia prima, insumos, empaques, lo que ha afectado a categorías de productos como el atún, la mayonesa, galletas, azúcar, avena y salsa de tomate, entre otras.
Hasta el 60% de las empresas agrupadas en Cavidea reporta una disminución en sus niveles de producción con respecto a 2014. La semana pasada la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) también advirtió que “no estamos produciendo más que el año pasado”.
Apenas un día después de las elecciones el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, lanzó un mensaje similar al de Cavidea. Dijo que en el empresariado había “alegría por la democracia” luego de la jornada del 6 de diciembre, pero preocupación porque los anaqueles seguían vacíos y la crisis económica estaba intacta.
Cavidea planteó nuevamente algunas soluciones, tal y como hizo en marzo de este año, pero que el Gobierno no escuchó. Permitir acceso “inmediato y suficiente” a las divisas, “incentivar la producción nacional” dirigiendo los dólares a la industria y no a importaciones estatales, “revisar oportunamente precios de productos regulados”, así como “privilegiar el trabajo productivo” con el cumplimiento de la Ley Orgánica del Trabajo, enumeró Larrazábal.
Esas ideas conectan con las que presentó Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, al Ejecutivo nacional en febrero de 2014 y que tampoco fueron atendidas por las autoridades. El Gobierno prefirió el camino de las importaciones públicas mientras se fue acercando al 6 diciembre, pero esa vía ha resultado ser más costosa e ineficiente.
El presidente de Cavidea explicó ayer que, en el pasado, el 70% de las importaciones eran realizadas por el sector privado y que el 30% restante correspondía al sector público, pero este año esa proporción se invirtió. “Esta disminución abrupta obviamente ha traído problemas”, dijo Larrazábal.
Los números presentados por el directivo confirman que, incluso, en un escenario petrolero adverso puede resolverse “estructuralmente” el problema si las autoridades apostaran a la producción nacional. Larrazábal aseveró que con 3.500 millones de dólares, apenas 10% de los ingresos petroleros que tendrá Venezuela este año, el problema del abastecimiento podría resolverse en el mediano plazo.
La cifra es baja si se toma en cuenta que el contrato del Gobierno con la compañía brasilera JBS para la venta de pollo, carne, leche y pernil, entre otros productos, ascendía a 2.100 millones de dólares, según dijeron directivos de la compañía a Bloomberg en agosto. “Teniendo a Brasil tan cerca no tenemos necesidad de buscar tan lejos”, dijo en junio, Diosdado Cabello, quien viajó a Brasil junto a los ministros José David Cabello, Giuseppe Yoffreda y Rodolfo Marco Torres para negociar el suministro de mercancía.
El presidente de la República anoche criticó los denominados “mercales comunales”, la gran apuesta del Gobierno para el abastecimiento antes del 6 de diciembre y donde colocaría sus importaciones, porque tuvieron un foco “asistencialista” y no una visión “productiva”. Entre agosto y noviembre, JBS envió a la estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), al menos 140 mil toneladas de alimentos que se desembarcaron en el puerto de Puerto Cabello.
Con lo gastado por Venezuela en ese contrato con JBS también se hubiese cancelado la deuda que mantiene la industria con sus proveedores en el exterior y que ha limitado el despacho de materia prima. “El Estado tiene por liquidar una deuda de 1.535 millones de dólares”, informó el presidente de Cavidea.
Pasaron las elecciones, pasará diciembre. La industria comenzará el año con los mismos problemas que arrastró en 2015 y los consumidores seguirán en colas. Hasta ahora Nicolás Maduro insiste en culpar a los empresarios de hacer una “guerra económica” y ha planteado que “profundizará” la revolución.
