Los importadores venezolanos han analizado la revisión de Ley de Precios Justos de Nicolás Maduro, que limita las ganancias de los empresarios al 30%. Han considerado que es una medida innecesaria teniendo en cuenta la crisis de escasez en la que se encuentra el país latinoamericano. Los importadores venezolanos han analizado la revisión de Ley de Precios Justos de Nicolás Maduro, que limita las ganancias de los empresarios al 30%. Han considerado, sin querer identificarse, que es una medida necesaria teniendo en cuenta la crisis de escasez en la que se encuentra el país latinoamericano.
Muchos son los sectores que se sienten agobiados por la escasez de productos, tal es el caso del sector de los electrodomésticos. El desabastecimiento, en concreto, llega en él al 95% y los vendedores aún no han recibido dólares del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), de modo que la situación se vuelve aún más complicada.
Para las comerciantes la medida es, directamente, dañina. Así al menos lo ha considerado Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), que ha agregado que lo único que se conseguirá con la reforma es “generar más escasez”.
A su modo de ver, los productos que habrá en el mercado serán los que importe el propio Gobierno, porque ni hay subastas ni se están vendiendo divisas en el Simadi. Que todo esto ocurra a dos meses de las elecciones no produce ninguna seguridad en el sector comercial.
Al menos así lo considera la prensa venezolana. En el caso de El Nacional, se pone el énfasis en lo rápido que entrará en vigor la nueva normativa. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza ha anunciado que el programa entrará en vigor la próxima semana.
Arreaza ha señalado que serán muy rigurosos y ha pedido a todos los comerciantes cumplir la ley que contempla la confiscación de inmuebles y severas multas y ha recordado que además del tope a las ganancias todos los productos tendrán un precio máximo de venta el público regulado por la Superintendencia de Precios Justos.
Aunque no son los únicos preocupados por el intervencionismo del Estado venezolano en el sector privado. El presidente del Consejo Empresarial de Latinoamérica (Ceal), Ingo Plöger se ha mostrado estupefacto ante lo que califica de persecución del Ejecutivo de Maduro al grupo venezolano Polar.
Hay que recordar que el presidente venezolano ha acusado al dueño de la compañía, Lorenzo Mendoza, de delitos variados entre los que destaca su “traición” a la patria por haber afirmado en una conversación privada que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería conceder al futuro Gobierno de Venezuela un préstamo de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares.
