La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha vivido una semana bastante movida. Después de que el FMI culpara al país de la caída del resto de economías latinoamericanas, tuvo que enfrentarse a las críticas a su última campaña y a las dudas que se han generado en torno a las cuentas de 2014. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha vivido una semana bastante movida. Después de que el FMI culpara al país de la caída del resto de economías latinoamericanas, tuvo que enfrentarse a las críticas a su última campaña y a las dudas que se han generado en torno a las cuentas de 2014.
Se esperaba que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no le diera una buena nota a la economía del país este año, pero las predicciones han caído como un jarro de agua fría sobre el Gobierno brasileño. El FMI espera que la economía del país caiga un 3% este año y un 1% el año que tiene.
A escala regional, la caída será del 0,3% en 2015 a pesar de que algunos de los países latinoamericanos tengan avances de hasta el 4%, como es el caso de Bolivia. Sin embargo, el peso de la economía brasileña es importante, lo mismo que el de Venezuela, que este año caerá un 10%.
La mandataria acusó el golpe, pues es plenamente consciente de la crisis que atraviesa el país, acosado por las imputaciones por corrupción en la petrolera estatal Petrobras y la participación de políticos de su partido en la trama de sobornos, la desaceleración de la economía y como afectan ambas al liderazgo de la mandataria.
El segundo golpe de la semana ha sido la desconfianza que el Tribunal de Cuentas en relación al balance económico de Rousseff el año 2014. En concreto, el ente ha aconsejado al Parlamento rechazar las cuentas que ha presentado el Gobierno para el año pasado por observar en ellas ciertas irregularidades.
Según el juez instructor de este tribunal, Augusto Nardes, el Ejecutivo ha cometido graves ofensas contra la ley de responsabilidad fiscal como dejar fuera del balance deudas por 27.300 millones de dólares para poder justificar los recortes del ministro de Economía, Joaquim Levy.
A todo ello se une la investigación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil, que ha propuesto reabrir una investigación sobre la última campaña electoral de la presidenta por haber observado irregularidades relacionadas, precisamente, con el escándalo de Petrobras.
De hecho, en su origen, fue una demanda presentada por el gran perdedor de las elecciones de octubre del año pasado, el Partido Socialdemócrata (PSDB) , que se quedó sin la victoria por tan solo tres puntos porcentuales de diferencia. La formación de Aécio Neves sostuvo en su momento que la fórmula de Dilma Rousseff y Michel Temer (del PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) se había financiado con donaciones de empresas involucradas en el escándalo de la petrolera estatal.
