El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, no ha conseguido mantener su inmunidad diplomática, pues el Congreso ha decidido despojarlo de ella para que sea investigado por las acusaciones con lo vinculan al escándalo de corrupción conocido como La Línea. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, no ha conseguido mantener su inmunidad diplomática, pues el Congreso ha decidido despojarlo de ella para que sea investigado por las acusaciones con lo vinculan al escándalo de corrupción conocido como La Línea.
Tanto Pérez Molina como su ex vicepresidenta Roxana Baldetti han sido señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) como líderes de una trama corrupta que cobraba sobornos a cambio de no pagar los impuestos correspondientes de determinados productos.
Pérez Molina siempre ha mantenido que nada tenía que ver con ello, de hecho hace pocos días aseguraba que no pensaba dimitir.
Todos los diputados que asistieron a la sesión en la que se decidía sobre el destino del presidente han votado que se le quite la impunidad, 132 en concreto. A continuación la Fiscalía General decidió que el mandatario no podrá salir del país para evitar su fuga y que pasa a ser un ciudadano común y corriente a pesar de ostentar el cargo de presidente.
La fiscal Thelma Aldana ha asegurado que de momento no se puede hablar de una detención, pero se reunirá con el trabajo y con la Cicig para analizar los planteamientos que se estimen oportunos.
América Economía se ha hecho eco de las repercusiones que se han vivido en las calles guatemaltecas. Gritos, abrazos y besos a la puerta del Congreso por parte de la oposición han sido algunas de ellas. El diputado Salvador Baldizón lo ha considerado un “paso muy importante para Guatemala” mientras que la abogada Betzy Azurdia ha dicho sentirse feliz porque “el país merece justicia”.
