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Frenan el proceso judicial contra Otto Pérez Molina

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Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha amparado de modo provisional la petición a título personal de la abogada Karen Fisher y ha suspendido el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina al considerar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha puesto en peligro la institucionalid La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha amparado de modo provisional la petición a título personal de la abogada Karen Fisher y ha suspendido el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina al considerar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha puesto en peligro la institucionalidad del país.

Esta resolución deja sin efecto la del 10 de junio de este año en la que la CSJ de modo unánime admite el trámite de antejuicio contra Pérez Molina y lo mandó al Congreso, donde una comisión investigadora oyó a Amílcar Pop, que responsabiliza a Pérez Molina de la corrupción del seguro social y leyó el informe escrito del mandatario.

En la resolución del amparo provisional se determina que es muy importante que participen en el expediente el propio Pérez Molina, el Ministerio Público, por medio de la fiscal general, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Procuraduría General de la Nación.

Martín Guzmán, el secretario general de la CC, ha señalado que la “Corte Suprema de Justicia prejuzgó al gobernante sobre la comisión de ilícitos y no tomó en cuenta lo establecido en la Ley de Antejuicios que en su parte medular contiene artículos referentes a que se debe proteger a los funcionarios públicos cuando no hay elementos de presunción establecidos plenamente”.

Héctor Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y María de los Ángeles Araujo Bohr han votado a favor del amparo provisional, mientras que Mauro Chacón y Héctor Trujillo prefirieron votar en contra.

El diputado Amílcar Pop, fue el primero en poner a Pérez Molina bajo la lupa de la justicia al señalar que es responsable de los actos de corrupción que cometieron trabajadores nombrados por el presidente en la Superintendencia de Administración Tributaria y el Seguro Social.

Pop ha querido dejar claro que “un amparo provisional es un serio retroceso en la lucha contra la impunidad”, ya que las personas relacionadas con esto se encuentran en prisión por el caso de defraudación aduanera La Línea y el fraude en el contrato de pacientes renales IGSS-Pisa.

Mientras que Pérez Molina se ha referido también a la resolución que en su momento tomó la CSJ y señaló que esta “no es un ente tramitador”. Todo ello lo recoge el diario guatemalteco Siglo XXI.

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