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Argentina desclasifica la información requerida por el fiscal Nisman

Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina
Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina
lunes 19 de enero de 2015, 01:00h
La presidenta Cristina F. de Kirchner se ha apresurado a dar la orden sobre documentos del atentado a la AMIA tras la muerte en extrañas circunstancias del fiscal.
La muerte del fiscal argentino Alberto Nisman en extrañas circunstancias ha provocado una avalancha de reacciones en el país. La presidenta Cristina F. de Kirchner ha ordenado la inmediata desclasificación de las información que en vida requirió el fallecido para investigar el atentado contra una entidad judía en Buenos Aires.



Nisman había acusado a la presidenta argentina de haber clasificado ciertos documentos relativos a los sucesos acontecidos el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para proteger a Irán. Con este gesto, la inquilina de la Casa Rosada da una muestra de transparencia hacia el caso.



En concreto, Cristina F. de Kirchner ha ordenado que el director de la Secretaría de Inteligencia, Óscar Parrilli, enviase un comunicado a la jueza federal María Romilda Servini, jefa de la judicatura argentina, para proceder a la desclasificación de los documentos requeridos por el difunto Nisman “por expresa instrucción de la presidenta”.



Parrilli insta a Servini a “identificar los nombres del personal de la Secretaría de Inteligencia que se encontrarían referidos en la denuncia” presentada en su día por el fiscal para “proceder al levantamiento del secreto de los mismos”, según ha recogido la agencia de noticias local Télam.



Por otra parte, el juez argentino Ariel Lijo ha interrumpido sus vacaciones estivales para tramitar la denuncia que el mismo Alberto Nisman realizó contra la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Exteriores, por supuestamente encubrir a los iraníes acusados de atentar contra el referido centro judío bonaerense. A pesar de la gravedad de la acusación, el magistrado se negó a suspender su retiro y el caso quedó en manos de María Servini, que lo sustituía al frente de su estrado.
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