Tras haberse aprobado el presupuesto del año que viene por 70.600 millones de quetzales, financiado con nuevos impuestos, la Cámara de Comercio de Guatemala ha anunciado que no descarta movilizaciones para el próximo año. Tras haberse aprobado el presupuesto del año que viene por 70.600 millones de quetzales, financiado con nuevos impuestos, la Cámara de Comercio de Guatemala ha anunciado que no descarta movilizaciones para el próximo año.
Los comerciantes que forman parte de este organismo se han quejado de que nunca se les escucha a la hora de tomar decisiones que tienen impacto sobre el crecimiento económico, como es el caso del incremento de tributos y de aprobar un gasto público sin resultados.
Según Jorge Briz, presidente de la Cámara, ha llegado la hora de hacer manifestaciones contundentes, pacíficas, apegadas a la ley para dejar claro que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo.
De hecho, en el medio guatemalteco Siglo 21, aseguran que los movimientos serán progresivos, hasta llegar a un paro total de las actividades económicas.
Por otro lado, ha resaltado que todos los días los medios publican noticias de corrupción, violencia, falta de recursos en salud e inoperancia en temas fundamentales para los que se creo el Estado los “gobernantes siguen haciendo lo que quieren, sin pensar en los ciudadanos”.
El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, no piensa lo mismo, de hecho, ha criticado al sector privado por querer movilizarse. “Cuando se trata de pagar, nadie quiere pagar. Pero los impuestos son precisamente para eso. En un país tan desigual como lo es Guatemala, necesitamos que se paguen más impuestos para poder atender las necesidades de las clases más necesitadas”.
Briz ha respondido a estas palabras alegando que si los gobernantes no quieren que la población se queje, sería conveniente que se tuvieran resultados en seguridad y salud y ha señalado que la oposición de su grupo al Gobierno tiene que ver con lo ocurrido en estos dos años y medio.
Pues, en su opinión, la legislación que ha sido aprobada afecta el desarrollo económico y propicia hechos aislados que generan más pobreza, debilitando la democracia.
