A través de la Empresa Nacional de Minería (Enami), creada por el Gobierno de Rafael Correa, Ecuador entra de lleno en la actividad minera. Enami ya ha comenzado a funcionar con la exploración de ocho proyectos de minería a gran escala, además, este año, espera crear una empresa binacional minera con Venezuela. Sin embargo, el sector privado no ve con buenos ojos la nueva empresa estatal, al considerar que se trata de competencia desleal. A través de la Empresa Nacional de Minería (Enami), creada por el Gobierno de Rafael Correa, Ecuador entra de lleno en la actividad minera. Enami ya ha comenzado a funcionar con la exploración de ocho proyectos de minería a gran escala, además, este año, espera crear una empresa binacional minera con Venezuela. Sin embargo, el sector privado no ve con buenos ojos la nueva empresa estatal, al considerar que se trata de competencia desleal.
José Cisneros, gerente de la Enami, ha asegurado en medios locales que los 30 millones de dólares con los que ha comenzado la empresa a trabajar son suficientes para la etapa de exploración en la que se encuentran los ocho proyectos que se están estudiando.
Fuentes de la Enami han asegurado que la experiencia de otros países de la región con mayor desarrollo minero será de gran apoyo para la empresa. Uno de ellos es Venezuela, país con el que se pretende desarrollar una empresa binacional minera que operaría en tierras ecuatorianas. En dicha empresa binacional Ecuador tendría un paquete accionario con una mayoría del 51%.
Asimismo, la Enami planea trabajar con la pequeña minería y la minería artesanal que se desarrolla en el país, relacionada con la extracción de oro.
Sin embargo, el sector privado no ve con buenos ojos la nueva empresa estatal, al considerar que se trata de competencia desleal. Patricio Vargas, presidente de la Cámara de la Minería del Azuay, ha asegurado en medios locales que la Enami llega con ventajas sobre las compañías privadas. Considera que es injusto, porque si desea desarrollar actividad minera en el país debiera operar bajo las mismas condiciones que tienen el resto de mineros, sean empresas jurídicas o personas naturales.
Los expertos mineros consideran que el Estado debe participar en la actividad minera, pero el problema es que el país no tiene ni la experiencia ni la inversión financiera que tienen las empresas transnacionales.
