Los precandidatos a la presidencia de Brasil han optado por huir de temas polémicos para evitar perder los votos de los más conservadores. Temas especialmente espinosos como lo son el aborto, la despenalización de las drogas y la reducción de la mayoridad penal. Los precandidatos a la presidencia de Brasil han optado por huir de temas polémicos para evitar perder los votos de los más conservadores. Temas especialmente espinosos como lo son el aborto, la despenalización de las drogas y la reducción de la mayoridad penal.
El diario El País señala que Brasil ha optado por dejar estos temas de lado mientras algunos de sus vecinos latinoamericanos (el caso más destacado es el de Uruguay y sus lejos a favor del consumo de marihuana) ya han empezado a debatirlos.
Una de las cuestiones que más inquieta a los posibles candidatos es que ocurrirá con el aborto, un tema tabú tanto para Gobierno como para oposición. En el país solo se permite interrumpir el embarazo en caso de violación, cuando el feto tiene malformaciones o cuando existe riesgo de muerte para la madre.
Hace unos años, cuando la aún presidenta Dilma Rousseff, entonces ministra del Gobierno de Lula, señaló que era favorable esta situación a la despenalización. Cuando se presentó como candidata a la presidencia el 2010 fue criticada por los sectores más religiosos de Brasil y acabó por dar marcha atrás.
Según ha comentado la socióloga y presidenta de la ONG Católicas por el Derecho de Decidir, Maria José Rousado Nunes, el aborto no es discutido por el riesgo de perder tanto el apoyo popular como el del Congreso.
Esto tiene que ver con las coaliciones que hay en el poder. “El Gobierno evita posicionarse para garantizar la fidelidad de estos partidos”, ha señalado la socióloga. De hecho, de los 19 partidos que tienen representantes en la Cámara de los Diputados, 14 forman parte de la coalición del Gobierno Rousseff y muchos de ellos están vinculados a sectores religiosos.
Solo se ha producido un avance en relación al tema del aborto en Brasil y fue el año pasado, cuando la presidenta aprobó una ley que determina que la sanidad pública puede pagar los abortos contemplados por la ley.
Pero nunca llegó a aprobarse, pues la Comisión de Finanzas y Tributación de la Cámara de los Diputados creó un programa social que concede, con dinero público, una pensión mensual para la víctima de una violación que se quede embarazada y quiera tener el hijo. Así las cosas, los posibles candidatos prefieren ignorar estos temas y centrarse en otros menos espinosos.
