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Los estados de EEUU se alían con Washington para 'destruir' a Standard & Poor's

jueves 07 de febrero de 2013, 01:00h
A S&P se le nubla cada vez más el horizonte. Las últimas informaciones, difundidas por los medios financieros estadounidenses, aseguran que el Departamento de Justicia de EEUU permitirá a todos los Estados que así lo deseen sumarse a la demanda que ha interpuesto contra la agencia de calificación. Las indemnizaciones, por tanto, podrían llegar a superar con creces los 5.000 millones de dólares estimados inicialmente.

A S&P se le nubla cada vez más el horizonte. Las últimas informaciones, difundidas por los medios financieros estadounidenses, aseguran que el Departamento de Justicia de EEUU permitirá a todos los Estados que así lo deseen sumarse a la demanda que ha interpuesto contra la agencia de calificación. Las indemnizaciones, por tanto, podrían llegar a superar con creces los 5.000 millones de dólares estimados inicialmente.

Las acusaciones de fraude del Gobierno contra S&P se basan en correos electrónicos y otros documentos que, según las autoridades, comprueban que la agencia de rating asignó intencionadamente calificaciones altas a inversiones hipotecarias riesgosas, que al final se desplomaron y que ayudaron a detonar la crisis financiera en ese país.

S&P rechaza las acusaciones. Afirma que los correos electrónicos fueron sacados de contexto y que no prueban ningún acto ilegal. La agencia AP, por su parte, destaca algunos ejemplos de la evidencia presentada por el Gobierno de EEUU, entre ellos el hecho de que en abril de 2004, ejecutivos de S&P distribuyeron un borrador de propuesta para cambiar la forma en la que califican las inversiones.

El nuevo sistema de calificación consideraría la reacción potencial del inversionista, algo que en lenguaje financiero se llama "market insight" (percepción del mercado). Bajo este sistema propuesto, los analistas de S&P encuestarían a banqueros que planearan emitir acciones y a inversionistas que pudieran comprarlas.

Un memorándum de julio de 2004 dijo a empleados que "cualquier preocupación acerca de la objetividad, integridad o validez" del proceso de calificación debía ser expresada en persona, no por escrito.

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