En los seis años que lleva en el poder, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha impulsado una política de nacionalización de medios de producción y servicios que acaba de poner en manos del Estado todo el sistema eléctrico, tras la expropiación de cuatro filiales que Iberdrola tenía en el país
En los seis años que lleva en el poder, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha impulsado una política constante de nacionalización de medios de producción y servicios que en el caso concreto del sistema eléctrico ha terminado por poner en manos del Estado todos los procesos de producción y distribución. Para cerrar el círculo acaba de expropiar cuatro filiales que Iberdrola tenía en el país.
Hace ocho meses, otra compañía hispana del sector sufrió la misma suerte. Red Eléctrica perdió Transportadora de Electricidad en un proceso negociado y de poca estridencia. Algo que quizá se repita en este caso. Iberdrola ha respondido a la medida con un comunicado oficial moderado en el que se limita a decir que espera recibir la compensación justa por los activos que se le arrebatan.
En concreto, la expropiación afecta a dos distribuidoras de electricidad, una en La Paz y otra en Oruro, a una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Un grupo de compañías, además, que nunca estuvo en manos del Estado boliviano. Fueron fundadas en los primeros años del pasado siglo por inversores estadounidenses, cuyos herederos se las vendieron a Iberdrola en 1990.
En total, unos 100 millones de euros (75 millones de dólares), según las cifras de expertos independientes que han sido publicadas en unos cuantos medios especializados. Pero la cifra final se fijará tras una tasación que puede alargarse hasta 180 días, según el decreto de la expropiación.
Los representantes del Estado boliviano han dejado claro que quieren pagar y rebajar la tensión con la empresa española que también ha decidido leer detalladamente el decreto antes de dar el siguiente paso que, quizá no sea demasiado hostil. Al fin y al cabo, los activos expropiados sólo suponen un 0,2% del negocio total de la empresa española.
Pero ese ‘fair play’ corporativo, contrasta poderosamente con la puesta en escena de la expropiación. Toda una demostración de populismo para el consumo interno. Primero por el despliegue policial que ha movilizado a 740 efectivos armados hasta los dientes en las dos provincias.
Y luego por el discurso, en un acto público con ‘cocaleros’ en el que ha acusado a los responsables de las empresas nacionalizadas de ‘preocuparse sólo por las zonas urbanas’, aquellas en las que está el negocio y dejar a un lado las áreas rurales, sin suministro y obligadas a montar cooperativas para contar con energía eléctrica de mala calidad. Y altos costes.
Evo asegura también que llevaba cuatro meses de negociaciones con los responsables de la empresa privada para que se ‘solucionara la situación’ y que al no haber conseguido un acuerdo se vio obligado a actuar.
Sea como sea, ahora toda la producción y distribución eléctrica, como decíamos antes quedará en manos del Estado boliviano que se ha comprometido a rebajar las tarifas en un 50%. Antes de las expropiaciones que han afectado a Iberdrola y Red Eléctrica ya se habían nacionalizado, en 2010, dos filiales de la francesa GDF Suez y la británica Ripelec, en este último caso, además, hay una demanda pendiente de resolución en el Tribunal de La Haya.
Las expropiaciones de las cuatro filiales de Iberdrola no han gustado a los representantes de las empresas privadas bolivianas que creen que generan sensación de inseguridad jurídica y pueden disuadir a los inversores extranjeros. Justamente, en un momento, en que el Gobierno de Evo Morales preparaba una nueva ley para animar la llegada de capitales foráneos al país.
De hecho, la nacionalización afecta a la empresa española, principalmente, pero hay otras compañías que se verán también comprometidas. Iberdrola tenía estas participaciones a través del holding Iberbolivia, del que poseía un 64% y en el que participaban otros inversores internacionales como General Electric Capital. Además, Iberbolivia poseía un 89,5% de Electropaz, donde el Banco Santander participaba con un 10% del capital, y un 92,8% de la distribuidora de Oruro, también nacionalizada hoy.
