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El Banco Mundial evalúa las economías latinoamericanas

jueves 10 de septiembre de 2009, 01:00h
El Banco Mundial (BM) ha publicado el estudio anual Doing Business (haciendo negocios), que analiza las regulaciones que se aplican a las empresas en cada país. Los países del Alaba han retrocedido puestos en el índice que valora el atractivo de la legislación, mientras que Colombia, México o Perú mejoraron sus valoraciones. 131 economías del mundo reformaron las normas sobre actividad empresarial en 2008/2009.
El Banco Mundial (BM) ha publicado el estudio anual Doing Business (haciendo negocios), que analiza las regulaciones que se aplican a las empresas en cada país. Los países del Alaba han retrocedido puestos en el índice que valora el atractivo de la legislación, mientras que Colombia, México o Perú mejoraron sus valoraciones. 131 economías del mundo reformaron las normas sobre actividad empresarial en 2008/2009.



El 70% de los países analizados, un total de 181, han mejorado sus legislaciones desde que el BM publicara el último Doing Business. Entre los Estados latinoamericanos destacan Colombia, que avanzó 12 puestos, Brasil, que supera por primera vez a México que también sube, o Perú, segundo Estado que más asciende en el ranking. Mejoraron también en el índice Guatemala o Panamá.



Pese a un leve descenso, Chile sigue manteniendo el primer puesto del índice en América Latina. En el lado contrario, los Estados del Alba han caído en su totalidad. Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua se han visto perjudicados, según los valores prioritarios para el BM, por un aumento de regulación en relación a las actividades empresariales.



Por otr parte, el Banco Mundial, pese a haber aprobado mejoras en las redes de Seguridad Social a fin de proteger a los millones de trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo a causa de la crisis económica mundial, desaconseja a los países adoptar planes de protección social, calificando de anti-negocios a los gobiernos que lo hagan. Doing Business 2010 recomienda asimismo que los países reduzcan las indemnizaciones por despido de trabajadores y que reduzcan o eliminen la necesidad de previo aviso sobre recortes de empleo.
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