El gobernador justicialista de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, ha denunciado en el Tribunal Supremo de Argentina a la presidenta Cristina Fernández por recurrir al dinero del Banco Central para pagar parte de la deuda soberana. Saá, otro histórico peronista que llegó a ser presidente del país durante siete días, se suma así a la nómina de enemigos de la familia Kirchner que intentan apartarles del poder desde dentro del justicialismo. El gobernador justicialista de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, ha denunciado en el Tribunal Supremo de Argentina a la presidenta Cristina Fernández por recurrir al dinero del Banco Central para pagar parte de la deuda soberana. Saá, otro histórico peronista que llegó a ser presidente del país durante siete días, se suma así a la nómina de enemigos de la familia Kirchner que intentan apartarles del poder desde dentro del justicialismo.
Los otros que le acompañan en esta lucha por el poder son los ex presidentes argentinos Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Durante el famoso ‘Corralito’ en diciembre de 2001 en Argentina y tras la renuncia del entonces mandatario Fernando de la Rúa, Saá es elegido presidente del país por 90 días, de los que tan sólo estuvo en el poder siete. Pero en estos días consiguió peder el respaldo de los peronistas y del que le sustituyó en el poder, Eduardo Duhalde.
A estos peronistas se han unido también los partidos de la oposición de Argentina. Según han asegurado a Américaeconómica.com desde la agrupación Coalición Cívica, hoy mismo presentarán, junto a Propuesta Republicana y Unión Cívica Radical, un recurso de amparo ante el supremo argentino.
Esta propuesta común tiene como objetivo evitar por la vía judicial que el Gobierno acceda a ese capital del Banco Central argentino y agrupa a 20 de los 80 diputados que ocupan los asientos del senado argentino. Según han informado desde la Coalición Cívica a este diario, consideran la propuesta como inconstitucional ya que viola la imparcialidad fijada para el Banco Central.
Según las fuentes consultadas de la agrupación Coalición Cívica, no es una solución correcta para solucionar el problema de la deuda pública argentina.
De avanzar dichas acciones por la vía judicial, habría repercusiones para la economía argentina, ya que el gobierno de Cristina Fernández había previsto esta solución para solucionar los problemas fiscales causados por el aumento de gasto público. Además esta partida de 6.600 millones ya se ha incluido en el Presupuesto nacional para 2010.
El propio ministro de Economía argentino, Amado Boudou, explicó en su momento que lo pretendido era crear el llamado Fondo del Bicentenario, que se pondría en marcha a partir del próximo 12 de enero. Ya cuando se dio a conocer el plan del Gobierno argentino, analistas locales apuntaron que la decisión se había tomado por decreto y no por ley.
Ahora, a menos de dos semanas de la fecha en la que el crédito debía hacerse efectivo, quien entre 1989 y 1993 fue presidente del Bloque Justicialista en el Senado Argentino, Alberto Rodríguez Saá, ha reclamado a la Corte Suprema que impugne el decreto 2010/09 en el que Cistina Fernández dispuso de las partidas del Banco Central.
Según refieren en el diario argentino Clarín, el recurso presentado por Saá cuestiona la legalidad del decreto. El gobernador de la provincia de San Luis añade que el destino de los fondos del Banco Central sería una potestad del Congreso y no del Gobierno.
El rotativo recoge también la opinión de Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia y ex integrante de la Corte durante el Gobierno de Carlos Menem. Barra defiende que el capital del Banco Central pertenece al conjunto de provincias del Estado argentino y su utilización la debe estudiar el Congreso. Ha señalado además que este Decreto 2010/09 afecta la facultad de emitir moneda y la correlativa prohibición de hacerlo a las provincias.
Rodolfo Barra agrega que el mecanismo de manipulación financiera que utiliza la Nación para lograr su propósito no es muy original. Es el mismo que por su reiterado uso llevó al país a la destrucción de sus instituciones y a la hiperinflación.
Si al final el gobierno de Cristina Fernández consigue llevar adelante su propuesta, el traspaso de los fondos del organismo monetario argentino a una cuenta del Tesoro se haría mediante un decreto de necesidad y urgencia que modificará el artículo sexto de la ley de convertibilidad. Ese decreto deberá ser ratificado por el Congreso, donde el oficialismo perdió el control de la mayoría.
