Las críticas al proyecto constitucional del presidente de Bolivia, Evo Morales, no se han hecho esperar. En la región opositora de Santa Cruz los hombres de negocios más importantes y los parlamentarios han denunciado que el Ejecutivo ha comenzado a aplicar una política intervencionista en contra de los empresarios de esa región. La denuncia tiene origen en la reciente expropiación forzosa de una gran finca propiedad de la familia del empresario opositor Branco Marinkovic. Las críticas al proyecto constitucional del presidente de Bolivia, Evo Morales, no se han hecho esperar. En la región opositora de Santa Cruz los hombres de negocios más importantes y los parlamentarios han denunciado que el Ejecutivo ha comenzado a aplicar una política intervencionista en contra de los empresarios de esa región. La denuncia tiene origen en la reciente expropiación forzosa de una gran finca propiedad de la familia del empresario opositor Branco Marinkovic.
La expropiación de las tierras de Marinkovic en Santa Cruz es una acción del Gobierno boliviano enmarcada en el proceso de saneamiento de tierras. Pero representantes de la Brigada Parlamentaria Cruceña, de la Cámara Agropecuaria del Oriente y del Comité Cívico de esa región han realizado una reunieron para analizar las graves irregularidades que según ellos existentes en el saneamiento de tierras.
Desde estas instituciones han asegurado que han observado que el saneamiento de las tierras, propiedad de la familia Marinkovic, ha revertido en favor de los indígenas guarayos del lugar.
Además, han afirmado que esto deja claro que este es el comienzo de una política intervencionista por parte del Gobierno de Evo Morales en contra del aparato productivo de Santa Cruz.
Las entidades que se han reunido en la provincia opositora a Evo han propuesto una «Gran Cumbre Departamental», que deberá realizarse antes del 25 de diciembre, para elaborar una estrategia departamental coordinada que conlleve a la defensa del aparato productivo cruceño.
El viceministro de Tierras de Bolivia, Alejandro Almaraz, entregó el pasado miércoles 9 de diciembre una orden de desalojo a la hermana de Marinkovic para cumplir con una resolución judicial sobre una finca de más de 12.000 hectáreas, argumentando que esa familia había ocupado «ilegalmente» las tierras.
Mientras, el mandatario boliviano ha negado que exista una persecución política contra Branco Marinkovic y ha justificado la reciente decisión de su Gobierno de repartir a indígenas las tierras expropiadas a esa familia.
Marinkovic, que ha liderado el movimiento cívico y autonomista de Santa Cruz, cuya capital es un bastión de políticos y dirigentes empresariales opositores al mandatario, es investigado por la Fiscalía boliviana por su presunta relación con un grupo terrorista desarticulado en abril pasado.
Según el Gobierno y la Fiscalía, la supuesta banda fue contratada por algunos líderes cruceños para asesinar al jefe de Estado, formar milicias de defensa de Santa Cruz de una posible intervención gubernamental y promover la secesión territorial de ese departamento.
