Cualquier empresario con temor al riesgo no iría a Argentina ni a bailar tangos. Pero para Repsol hacer las maletas y marcharse del país no es una opción. Su filial YPF le proporciona el 25% de sus beneficios y supone una quinta parte de sus activos. Cualquier empresario con temor al riesgo no iría a Argentina ni a bailar tangos, sobre todo si tiene que enfrentarse a una guerra de desgaste con el Gobierno. Pero para Repsol hacer las maletas y marcharse del país no es una opción. Su filial YPF le proporciona el 25% de sus beneficios operativos, controla el mayor hallazgo de petróleo de su historia y supone una quinta parte de sus activos.
El Ejecutivo de Cristina Fernández ha convertido esta semana sus amenazas en hechos, aunque en lugar de actuar directamente, lo ha hecho por medio de los gobernadores de las provincias con explotaciones petroleras. Chubut y Santa Cruz ya han expropiado a Repsol cuatro yacimientos en la Patagonia bajo el argumento de la falta de inversiones, unas sanciones que acabarán en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, según se da por hecho en el sector. Ahora Mendoza y Neuquén podrían ser las siguientes en arrebatarle las concesiones a YPF, que controla el 75% de la producción de hidrocarburos en Argentina. Y así hasta que Repsol pierda una parte sustancial de los yacimientos que explota y decida retirarse. Esta es una de las opciones que baraja el mercado, que teme que el Gobierno argentino acabe nacionalizando YPF.
Pero el grupo petrolero español se juega mucho en el país. Repsol valora sus activos en 70.957 millones de euros. De ellos, el 19,7% están en Argentina, (14.037 millones). La compañía que preside Antonio Brufau también ha ofrecido créditos al grupo Petersen (de Enrique Eskenazi), que controla el 25% de YPF. Esta filial, que posee casi la mitad de las reservas de la empresa, controla además el descubrimiento de la historia de la petrolera, realizado a finales del año pasado. Las reservas ya declaradas tendrían un valor potencial de 1.400 millones de dólares, el equivalente al 6% de la actual capitalización de mercado de Repsol.
Mientras tanto, el Gobierno español ha señalado su preocupación por los intereses de Repsol en Argentina. Según el ministro de Industria, José Manuel Soria, la Embajada española sigue de cerca los acontecimientos que se producen.
Para calmar la situación, las opciones de Repsol son limitadas porque aunque quisiera vender una participación en YPF podría tener problemas para encontrar un comprador.
La menor alternativa para algunos analistas es interrumpir el pago de dividendos de YPF, al menos de forma temporal (ahora está bloqueado), algo que también provocaría problemas al grupo Petersen porque el acuerdo firmado entre ambas partes estaba vinculado a los dividendos: Repsol repartiría el 90% de los beneficios y con este dinero Eskenazi, que en 2008 mantenía excelentes relaciones con los Kirchner (ahora no), podría pagar el crédito contraído con la petrolera española.
Precisamente, la Casa Rosada basa todo su acoso a Repsol en el elevado ‘pay out’ de YPF porque considera que tendría que destinar una mayor proporción de sus beneficios a acometer inversiones. Según datos de la compañía, en 2011 realizó inversiones récord, principalmente en exploración y producción, por más de 3.000 millones de dólares, un 50% más que en 2010, y pagó impuestos por 6.400 millones de dólares, también una marca histórica.
Entonces, ¿por qué se queja ahora el Gobierno de Cristina Fernández? En los últimos años Argentina ha importado petróleo y gas a precios internacionales para satisfacer el consumo doméstico. Mientras tanto, los precios locales de los hidrocarburos, regulados, no guardaban relación alguna con los costes de producción y distribución y aún menos con el de las importaciones. Pero no importaba porque la balanza comercial de la energía ofrecía un saldo positivo y aportaba pingües ingresos fiscales. De hecho, en 2010 hubo un superávit de 2.000 millones de dólares.
Sin embargo, esta política desalentó la exploración y producción de petróleo y gas porque se congelaron las tarifas de electricidad, gas y combustibles líquidos. De este modo, la producción de petróleo y gas cayó, perdiéndose el abastecimiento y teniendo que recurrir a costosas importaciones de combustibles, una situación que se agrava mucho más durante los meses del invierno austral.
Así, la balanza comercial del sector energético arrojó en 2011 un déficit superior a los 3.000 millones de dólares y la previsión para este año es aún más negativa.
En este escenario, Buenos Aires insiste en que YPF puede incrementar su producción un 15% anual. Sin embargo no las tiene todas consigo. La nacionalización total de la compañía enviaría una señal de alarma a otros inversores extranjeros presentes en el país. Además, la compra de la participación de Repsol le costaría al Ejecutivo ni más ni menos que 6.100 millones de dólares, una cifra que coincide con la pérdida de valor bursátil de la compañía española desde que estalló el conflicto, según los cálculos de UBS.
