Indígenas de todo Brasil reclaman que el Gobierno ponga freno a los grandes proyectos de infraestructura que afectan sus tierras en la Amazonia, ante la gran amenaza que enfrentan por la fuerte expansión de la industria agropecuaria. El Congreso brasileño votará entre hoy y mañana la alteración del Código Forestal, que desde 1965 establece las áreas protegidas en el país. La reforma, iniciativa del sector agropecuario, ansioso por ampliar la frontera agrícola, pone en juego el futuro equilibrio entre las selvas del Amazonas y la industria agraria. Indígenas de todo Brasil reclaman que el Gobierno ponga freno a los grandes proyectos de infraestructura que afectan sus tierras en la Amazonia, ante la gran amenaza que enfrentan por la fuerte expansión de la industria agropecuaria. El Congreso brasileño votará entre hoy y mañana la alteración del Código Forestal, que desde 1965 establece las áreas protegidas en el país. La reforma, iniciativa del sector agropecuario, ansioso por ampliar la frontera agrícola, pone en juego el futuro equilibrio entre las selvas del Amazonas y la industria agraria.
El proyecto, presentado por el diputado comunista Aldo Rebelo con el apoyo de la llamada “bancada ruralista”, un influyente sector político que protege los intereses de la industria agropecuaria, plantea la disminución de las áreas protegidas en el país, en beneficio del avance de las zonas cultivables.
Aldo Rebelo asegura que la ley actual hace inviable la masiva producción agrícola de Brasil, ya que obliga a los agricultores proteger una cantidad extrema de bosques en sus propiedades: el 80% en el Amazonas y el 20% en el sur, además de márgenes de ríos y laderas montañosas. Es por esto que el diputado propone una flexibilización. Y es que el negocio agropecuario alcanzó exportaciones record en los últimos años, por unos 80.000 millones de dólares en 2010.
Asimismo, Rebelo denuncia que más del 90% de las 5,2 millones de propiedades rurales del país incumplen el código forestal, ya que obliga a reforestar 62,5 millones de hectáreas a un costo de más de 300.000 millones de dólares. Para los defensores de la reforma, ampliar el área cultivable es imprescindible en un momento histórico en que debe triplicarse la producción agrícola, y Brasil es uno de los principales graneros del planeta.
Los movimientos ecologistas están de acuerdo en que es necesario actualizar y mejorar la normativa, pero aseguran que para producir más alimentos no es necesario renunciar a la protección: bastaría con utilizar los 61 millones de hectáreas que, según las estimaciones de SOS Florestas órgano que reúne a varias organizaciones ecologistas y de investigación ambiental, se destinan actualmente a la explotación ganadera de bajo rendimiento.
Según los científicos, la reforma no sólo tendría efectos ambientales, sino víctimas humanas: más cultivos y ocupaciones de los márgenes fluviales aumentarían la probabilidad de inundaciones, en un país donde este tipo de catástrofes se cobran la vida de centenares de personas cada año. Según el Ministerio de Medio Ambiente brasileño, más de un millón de personas fueron afectadas por algún tipo de desastre natural entre 2000 y 2007.
