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21 de julio de 2019, 0:41:26
NOTICIA

Como consecuencia de la pérdida de valor de una de sus principales empresas


Los fondos de pensiones peruanos afectados por la operación Lava Jato

Por Americaeconomica.com

Una de las principales empresas de Perú, en la que los Administradoras de Fondos de Pensiones del país andino tienen invertidos cerca del 1% del total de los capítales que administran, pierde un 60% de su valor.


La constructurora peruana Graña y Montero, que hace tan sólo tres meses estaba valorada en unos 1.100 millones de dólares, ha visto rebajado su valor a tan solo 440 millones de dólares, según ha señalado el gerente general de la corredora Kallpa, Alberto Arispe, en radio RPP y como, a su vez, recoge el diario Gestión.



Una devaluación en su valor que se queda lejos de afectar tan solo a esta empresa ya que los administradoras de Fondos de Pensiones en Perú invirtiron en acciones de la misma unos 450 millones de dólares; lo que significa cerca del 1% del total de los capítales que administran.



Una vez más es la operación 'Lava Jato' en Brasil la principal responsable ya que el origen de dicho desplome se encuentra en que el exrepresentante del gigante de la construcción brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, implicó a Graña y Montero, en la trama de intercambio de sobornos por licitaciones.



En este caso, se trataría del consorcio de la carretera interoceánica por el que Graña y Montero habría estado al tanto del pago de un soborno de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo, en busca y captura por la Justicia peruana, para ganar la obra.



Unas acusaciones que una vez han llegado a la prensa han derrumbado el valor accionarial de la firma peruana en un 60%, tanto en la Bolsa de Valores de Lima como en sus títulos ADR en la Bolsa de Nueva York.



Tanto es así, que se suceden las voces que piden que las autoridades tomen medidas ya que la situación aún es susceptible de empeorar. De esta forma, también según Gestión, la empresa de abogados The Rosen Law Firm, investiga posibles demandas de inversores de Graña y Montero que se consideran perjudicados por el derrumbe.



Por su parte, Graña y Montero, que asegura controla 23 filiales en América Latina, ha rechazado la acusación en un comunicado, y dijo que nunca conoció de pago irregular alguno.
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