El mandatario justifica estas decisiones por la caída de las reservas, la falta de dólares y el deterioro de las finanzas públicas, una situación que atribuye directamente a la gestión de su antecesor, Luis Arce, actualmente encarcelado.
El anuncio supone el mayor giro económico en el país tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Declaración de emergencia y retirada del subsidio
Rodrigo Paz ha comunicado la declaración de emergencia económica y social a través de la red social X, donde ha defendido que el levantamiento del subsidio al combustible es una decisión “difícil pero necesaria” para asegurar el abastecimiento energético y frenar la pérdida de reservas.
Según el presidente, el objetivo es un “sinceramiento de los precios de los hidrocarburos” que permita ordenar las cuentas públicas y estabilizar el Estado.
El Gobierno elimina el subsidio al combustible para frenar la pérdida de reservas y garantizar el suministro energético
El mandatario ha subrayado que los recursos ahorrados no se quedarán en el Gobierno central. El 50% de los fondos se distribuirá directamente entre regiones y gobiernos subnacionales, con destino a hospitales, escuelas y servicios públicos.
Críticas al modelo anterior y justificación del decreto
En un discurso a la nación, Paz ha defendido que “quitar subsidios mal diseñados no es castigar al pueblo”, sino una forma de redistribuir con mayor equidad los recursos del Estado.
El presidente ha afirmado que Bolivia ha sido “arrasada” y ha denunciado que el país fue dejado “sin reservas, sin dólares y con un Estado convertido en botín”, en referencia directa al anterior Ejecutivo.
Paz responsabiliza al anterior Gobierno de la falta de reservas y del deterioro de las finanzas públicas
El denominado ‘Decreto por la Patria’ se presenta como un punto de inflexión. Según el jefe del Estado, Bolivia “tocó fondo”, pero a partir de ahora solo queda iniciar una fase de recuperación.
Subida del salario mínimo y refuerzo de ayudas
Entre las medidas sociales anunciadas destaca el aumento del salario mínimo en un 20%, que entrará en vigor en enero de 2026. El salario pasará a situarse en 3.300 bolivianos, cantidad que corresponde al salario mínimo mensual legal en el país.
Además, la renta dignidad para adultos mayores se incrementará hasta los 500 bolivianos, importe mensual destinado a personas mayores sin ingresos suficientes.
| Medida económica | Nueva cuantía | Aplicación |
|---|---|---|
| Salario mínimo | 3.300 bolivianos | Enero de 2026 |
| Renta dignidad | 500 bolivianos | Próximo ejercicio |
El Gobierno compensa el ajuste con una subida del salario mínimo y mayores ayudas a los mayores
Paz ha insistido en que su prioridad es “proteger el bolsillo de los ciudadanos” mientras se estabiliza la economía.
Reformas administrativas e incentivos a la inversión
El presidente también ha anunciado cambios para reducir trabas burocráticas, entre ellos la implantación del silencio administrativo positivo, con el objetivo de evitar que los trámites frenen la actividad económica.
Ha señalado que el Ejecutivo quiere acabar con lo que denomina el “Estado tranca”, en referencia a los costes y obstáculos que dificultan el trabajo y la inversión en Bolivia.
En materia fiscal, el Gobierno abrirá la puerta a la repatriación de capitales con un impuesto del 0% para quienes inviertan en el país y destinen esos fondos a la producción.
La batería de medidas marca el inicio de una nueva etapa económica en Bolivia, con un fuerte ajuste estructural y un discurso centrado en la reconstrucción del Estado y la atracción de inversión.



