La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, criticó duramente al Ejecutivo en una rueda de prensa al acusarlo de impedir el funcionamiento pleno del Ministerio Público a través de un presupuesto insuficiente. “Se nos está asfixiando”, afirmó, tras conocerse que el Gobierno solo ha aprobado 3.000 millones de soles (unos 857 millones de dólares) frente a los 15.000 millones solicitados por la entidad.
La fiscal remarcó que esta cifra representa apenas el 20% del monto requerido, a pesar de que —según defendió— la solicitud cuenta con un sustento técnico. La situación genera inquietud por la posible existencia de un trato desigual respecto a otras entidades públicas, que sí han recibido partidas adicionales.
La Fiscalía denunció que otras instituciones han sido beneficiadas con presupuestos complementarios, mientras al Ministerio Público se le niega de forma sistemática
Contexto de tensiones con el Gobierno de Dina Boluarte
Esta denuncia de Espinoza se da en un clima ya enrarecido por las investigaciones abiertas por la Fiscalía contra funcionarios del Gobierno, incluyendo a la propia presidenta Dina Boluarte. Las pesquisas abarcan presuntos casos de corrupción y delitos vinculados al ejercicio del cargo, lo que ha alimentado las suspicacias sobre las motivaciones detrás del recorte presupuestario.
Desde que asumió el cargo, la fiscal general ha defendido la necesidad de independencia institucional, y ha subrayado que el Ministerio Público requiere recursos adecuados para cumplir su labor, especialmente en un país donde la lucha contra la corrupción sigue siendo un clamor social.
El recorte del 80% al Ministerio Público podría afectar investigaciones clave en curso, incluyendo casos contra altos cargos del actual Ejecutivo
Impacto en la capacidad operativa del Ministerio Público
El presupuesto solicitado por la Fiscalía buscaba garantizar recursos humanos, operativos y logísticos en todo el país. Con solo una quinta parte del monto aprobado, se anticipa que muchas funciones —como la investigación criminal, la protección de testigos y el trabajo de fiscales anticorrupción— podrían verse gravemente comprometidas.
Espinoza alertó sobre las consecuencias de este desfinanciamiento: “Estamos hablando de un menoscabo a una institución que debe ser garante de la legalidad y el Estado de derecho”.
