La lectura del fallo contra Álvaro Uribe marca un punto de inflexión en la historia judicial y política reciente de Colombia. El expresidente, uno de los líderes más influyentes del país en las últimas décadas, enfrenta su primera condena formal tras más de una década de señalamientos y polémicas. La justicia colombiana lo responsabiliza por maniobras ilegales para alterar el testimonio de testigos clave, en un caso que ha expuesto los vínculos entre el poder político y el conflicto armado interno.
La apelación tras la sentencia
Durante la audiencia de lectura del fallo, Uribe manifestó su intención de apelar el fallo de manera inmediata. “Señora juez, yo me permito interponer el recurso de apelación que ejerceré hoy mismo, de manera oral”, declaró el exmandatario, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
La jueza del caso aceptó la solicitud de la defensa para extender el plazo de sustentación del recurso. “La orden es extender en dos días más el término para que usted pueda sustentar el recurso de apelación”, indicó.
Simultáneamente, la Procuraduría General de la Nación también expresó su desacuerdo con los argumentos de la sentencia e informó que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, conforme lo establece la ley.
El caso contra el exmandatario ha sido uno de los más seguidos de la política judicial colombiana y se ha convertido en un símbolo de la rendición de cuentas para las figuras del poder
El origen del caso: Cepeda, testigos y paramilitares
Todo comenzó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda, del movimiento Pacto Histórico, presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con grupos armados ilegales. Uribe respondió con una denuncia contra Cepeda por presunta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema de Justicia no solo desestimó la acusación, sino que abrió una investigación en contra del propio expresidente.
Las pruebas recabadas incluyen más de 1.500 páginas de documentos y alrededor de 27.000 horas de grabaciones telefónicas, que evidenciarían intentos por parte de emisarios de Uribe de influir en testigos recluidos para modificar sus versiones y desviar las acusaciones hacia el senador Cepeda.
La justicia concluyó que las maniobras del expresidente tenían como objetivo manipular un proceso judicial, lo que derivó en los delitos de soborno y fraude procesal
Un juicio lleno de obstáculos y tensiones políticas
A lo largo del proceso, la Fiscalía intentó cerrar el caso en tres ocasiones sin llevarlo a juicio, pero los jueces rechazaron las solicitudes y permitieron que el caso avanzara. Esta resistencia judicial a archivar el expediente fue clave para que se llegara a una condena.
El proceso contra Uribe también ha estado acompañado por un intenso debate político. Sus seguidores lo defienden como víctima de una persecución judicial, mientras que sus críticos lo consideran un símbolo de la impunidad que ha protegido durante años a las élites del país.
El fallo contra Uribe ha desatado reacciones encontradas en Colombia, reflejo de la polarización que marca la política nacional
Luces y sombras del Gobierno Uribe
Álvaro Uribe, hoy con 73 años, llegó al poder en 2002 con una plataforma de mano dura contra las FARC y otros grupos insurgentes. Su administración se destacó por el fortalecimiento de la fuerza pública, la reactivación económica y una activa diplomacia regional.
Sin embargo, su Gobierno también estuvo marcado por escándalos como el de los falsos positivos —la ejecución extrajudicial de jóvenes inocentes presentados como guerrilleros—, seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y opositores, y múltiples casos de corrupción.
Uno de los blancos de estas operaciones de inteligencia fue el actual presidente, Gustavo Petro, entonces senador de oposición.
