A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 493, el Gobierno argentino introdujo una profunda reforma en el sistema de agua potable y saneamiento, alterando más de 100 artículos del marco regulatorio.
La medida autoriza a las empresas concesionarias a interrumpir el suministro a usuarios residenciales por deudas, un cambio drástico en el acceso a este servicio público esencial.
La modificación también habilita al Estado a vender su participación en Aysa, en línea con la política de privatizaciones que impulsa la administración de Milei.
El fin de una protección histórica al acceso al agua
La Ley 26.221, vigente desde 2007, protegía a los hogares de ser desconectados por impago, limitando esta sanción solo a usuarios no residenciales. Con el nuevo DNU, el Gobierno habilita a las concesionarias a cortar el servicio de agua a los hogares con facturas impagas de más de 60 días. Para los comercios y empresas, el plazo de gracia se reduce a 15 días.
Además, las nuevas normativas conceden a las prestadoras amplias facultades, como auditar obras, comercializar excedentes de agua o capacidad cloacal, y garantizar financiamientos externos con los ingresos por tarifas.
El Gobierno argumenta que esta actualización es clave para atraer capitales privados en un contexto de fuerte crisis fiscal.
Camino allanado hacia la privatización de Aysa
Uno de los cambios más relevantes del DNU 493 es la modificación del decreto fundacional de Aysa, empresa creada en 2006 tras la reestatización del servicio durante el mandato de Néstor Kirchner. A partir de ahora, el Estado argentino queda habilitado a vender total o parcialmente su participación accionaria en la compañía.
Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. Desde su reestatización, ha recibido más de 13.400 millones de dólares del Tesoro Nacional, según cifras oficiales.
Privatizaciones en serie bajo la administración Milei
La reforma del sistema de agua se inscribe en una política más amplia. Desde su llegada al poder, el presidente Javier Milei ha impulsado una serie de privatizaciones de empresas estatales como eje para achicar el Estado y recortar el gasto público.
Entre las compañías ya privatizadas se encuentran:
| Empresa | Rubro | Estado actual |
|---|---|---|
| Impsa | Siderurgia | Vendida a un consorcio de capitales estadounidenses |
| Energía Argentina (Enarsa) | Hidrocarburos | Privatizada |
| Intercargo | Servicios aeroportuarios | Privatizada |
| Corredores Viales | Autopistas nacionales | Privatizada |
| Belgrano Cargas | Ferrocarril de carga | Privatizada |
Estas medidas forman parte de un ambicioso plan de desregulación y venta de activos públicos, que ha generado una fuerte polémica tanto en el Congreso como en la sociedad civil.
