El Gobierno de EEUU da marcha atrás en su política petrolera hacia Venezuela, a solo un día del vencimiento de la actual licencia que permitía a Chevron operar parcialmente en el país suramericano. La nueva autorización, más limitada, mantiene vigentes las restricciones clave impuestas durante el primer mandato de Donald Trump y marca un cambio respecto a la flexibilización temporal otorgada por Joe Biden en 2022.
Chevron se queda sin permiso para exportar crudo venezolano
La nueva licencia de actividad mínima autoriza únicamente operaciones esenciales de mantenimiento e infraestructura, pero prohíbe nuevas inversiones y la exportación de crudo, un golpe significativo tanto para Chevron como para la economía venezolana. Desde la reanudación de sus operaciones en 2022, la petrolera estadounidense había sido clave para incrementar la producción local de petróleo en un contexto de sanciones impuestas por Washington.
La medida representa un duro golpe económico para Venezuela, que había logrado recuperar parte de su producción petrolera gracias a la actividad de Chevron
Presiones políticas detrás del veto al permiso completo
La decisión de no renovar la licencia con condiciones más amplias vino motivada, según revelan medios como Axios y The Washington Post, por la presión ejercida por tres congresistas republicanos de origen cubano —María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart—, quienes amenazaron con bloquear la reforma fiscal de Trump si se renovaba el permiso completo a Chevron.
Pese a que el enviado especial Ric Grenell había pactado la liberación de un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela como paso previo a una supuesta renovación, finalmente se impuso el ala dura del Congreso, lo que obligó al Departamento de Estado a frenar la decisión.
La presión de congresistas republicanos llevó al Gobierno a frenar la renovación completa de la licencia petrolera para Chevron
Negociaciones frustradas con Caracas y migración de fondo
La Casa Blanca planeaba permitir a Chevron seguir exportando crudo durante al menos 60 días más, a cambio de que el Gobierno de Nicolás Maduro aceptara el retorno de miles de migrantes venezolanos que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS) tras la decisión del nuevo Ejecutivo de Trump.
Ese acuerdo quedó en suspenso después del giro político en el Legislativo, donde el proyecto de ley fiscal fue finalmente aprobado el jueves por un estrecho margen de 215 a 214 votos.
