«Se ha decidido (…) incrementar las penas a extranjeros expulsados que ingresen nuevamente de manera irregular al país, así como formular una política de migración interna a efecto de regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el país», indicó la presidenta Dina Boluarte en conferencia de prensa.
El Consejo de Estado -instancia que reúne a los titulares del Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, la Defensoría y el Ministerio Público (fiscalía)- fue convocado este martes por Boluarte para analizar medidas conjuntas para enfrentar la grave crisis de seguridad ciudadana por la que atraviesa el país.
Las medidas anunciadas contra los extranjeros se implementan a razón del supuesto hecho de que muchos de ellos, en especial algunos de nacionalidad venezolana, son integrantes de mafias dedicadas a la extorsión, el sicariato, el secuestro, el robo, entre otros delitos.
Asimismo, el Consejo de Estado acordó «establecer un marco legal que regule la prestación del servicio de transporte por personas extranjeras, estableciendo requisitos y sanciones».
Esta medida se implementará por el supuesto hecho de que algunos extranjeros están involucrados en las extorsiones que sufren los transportistas urbanos en Perú, a quienes se les exige el pago de cuotas a cambio de dejarlos laborar.
Por otro lado, el Consejo acordó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral efectúe visitas y operativos inopinados a centros laborales para determinar la existencia de personas extranjeras que trabajen de manera irregular.
Estas medidas deberán ser implementadas a futuro por los organismos estatales correspondientes.
