«Son más de 20 facultades las que están tomadas en todo el país», confirmó a la Agencia Sputnik un estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas que fue tomada, Iñaki González.
A la toma iniciada el lunes en la ciudad de Buenos Aires de las Facultades de Filosofía y Letras, Psicología y después Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se sumaron los colegios preuniversitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini, y la Universidad Nacional de Arte.
El martes, también fueron ocupadas en la capital argentina las Facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias Sociales, y en el resto del país, las universidades de Córdoba (centro), la Facultad de Humanidades de Rosario (en la provincia de Santa Fe, centro este) y de Jujuy (norte), y la Facultad Nacional de la Patagonia (sur), entre otras.
En simultáneo, se realizaron varias vigilas en otras facultades y en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires (este), mientras este miércoles, los estudiantes se movilizaron hacia el Congreso para reclamar a la Cámara de Diputados que mantenga en pie la Ley de Financiamiento Universitario.
«Estamos poniendo en pie al movimiento estudiantil y tomando el ejemplo de otras facultades», añalizó el alumno de Ciencias Exactas.
González explicó que la toma de su facultad se decidió «ayer (por el martes) en una asamblea de más de un centenar de personas, entre docentes, no docentes y estudiantes, para enfrentar el veto del Gobierno de Javier Milei que amenaza la educación pública y los salarios docentes y no docentes».
Los estudiantes decidieron seguir el ejemplo del Hospital Laura Bonaparte, único centro a nivel nacional especializado en salud mental y consumos problemáticos, cuyos trabajadores tomaron el lugar desde el viernes ante su amenaza de cierre.
«Pase lo que pase, la lucha no termina hoy, porque no solo está la amenaza del veto, sino que el Presupuesto 2025 amenaza con un recorte a la universidad pública y no lo podemos permitir», señaló el estudiante de Exactas.
Para este alumno, son varios los sectores sociales que ya se encuentran afectados por las políticas de ajuste de la actual gestión, «que para perseguir el déficit cero y pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), está recortando a todos los trabajadores, por lo que entendemos que la clave para triunfar está en la unidad de todas las luchas».
González se encontraba ya frente al Palacio Legislativo, en la confianza de que prospere «la organización desde abajo».
«No tenemos ninguna confianza en el Congreso pero venimos a presionar para que rechacen el veto del presidente», afirmó.
FINAL INCIERTO
El debate en la Cámara de Diputados comenzó con incertidumbre de que la oposición logre al menos dos tercios de los votos de los presentes para tumbar el veto del mandatario y hacer prevalecer la normativa.
Entre tanto, varias columnas de estudiantes se encuentran frente al Parlamento para defender la Ley de financiamiento Universitario, a una semana de la segunda marcha federal universitaria que organizó el sector educativo en defensa de esta normativa.
«Nos estamos acercando al Congreso, donde se está discutiendo el veto a la ley», corroboró a la Agencia Sputnik una estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, Lourdes Oliverio.
La manifestación, a la que se suman también docentes y no docentes, «es contra este intento de Milei de vetar la ley y también contra todo el plan conjunto que tiene hacia la educación y hacia el país», afirmó esta alumna.
La comunidad educativa también está en alerta «porque sabemos que se pone en debate el Presupuesto 2025, y sabemos que las medidas que quiere tomar, como la privatización de los trenes y el aumento de las tarifas, lo que nos perjudica como estudiantes», refirió Oliverio.
El pasado miércoles, a pocas horas de concluida la segunda marcha federal universitaria que organizó el sector educativo hace apenas cinco meses, Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada por el Senado el 13 de septiembre que aumenta las partidas presupuestarias de los centros de educación superior y actualiza los salarios de docentes y personal administrativo.
Esta legislación implica una inversión estatal de 735.598 millones de pesos (unos 750 millones de dólares al cambio actual), lo que representa el 0,14 por ciento del producto interior bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
En el proyecto de Presupuesto 2025 presentado al Palacio Legislativo, el Ejecutivo decidió suspender la obligación del Estado de invertir en educación al menos el seis por ciento del PIB.
El sistema universitario nacional de Argentina está integrado por más de dos millones de estudiantes, más de 155.000 profesores y unos 60.000 no docentes.
