«Hoy en la mañana (por este miércoles) se ha suscrito un acta que se llama Declaración por Machu Picchu, suscrita entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio y Turismo, y el Gobernador Regional de Cusco. En ella la ministra de Cultura, está informando la cancelación del contrato de Joinnus», aseguró la congresista a esta agencia.
El acta en cuestión, a la que tuvo acceso la Agencia Sputnik, señala que fue la propia Joinnus la que «ha solicitado adelantar la conclusión del contrato para la venta de boletos de acceso a Machu picchu», y que la unidad de gestión decidió aceptarlo.
«El Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional Cusco garantizan la continuidad del servicio de venta digital, en tanto se desarrolle el proceso de transición a la plataforma de la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), la que sera parte del proceso de descentralización, según corresponda», aclara.
Otro de los reclamos que fueron aceptados por la unidad de gestión fue la revocación del inciso R del artículo 7 de la resolución ministerial 528 que, según denunciaron, «abre la puerta para la privatización de los servicios y administración de Machu Picchu».
«El Ministerio de Cultura se compromete a tramitar una modificatoria del Reglamento de uso sostenible y visita turística para la conservación de la Uaqta o Ciudad lnka de Machupicchu, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 070- 2017-MC, con la finalidad de modificar el concepto de «operador logístico» señalado en el inciso r), numeral 7.1 del articulo 7 de dicho reglamento, entre otras mejoras», aduce el acta.
Asimismo, la cartera ratificó la venta presencial de hasta 1.000 boletos de forma diaria y permanente en la boletería de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco) con sede en Machu picchu Pueblo.
También se decidió disponer las instalaciones del Hotel Belmond Sanctuary Lodge para implementar un centro de interpretación.
A comienzos de esta semana el autodenominado «Colectivo popular del distrito de Machu Picchu y comunidades» anunció tras una asamblea que radicalizará aún más la protesta que cobró notoriedad en el mundo la semana pasada, cuando interrumpieron el ramal del tren turístico que lleva a la ciudadela sagrada.
Entre los reclamos, pedían la renuncia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, a quien responsabilizan de este conflicto así como un reparto más justo de las divisas que se obtienen por la explotación del lugar que congrega a 1,5 millones de visitantes de todo el mundo al año.
