«Quienquiera que gane la segunda vuelta tendrá que hacer frente al impacto de la interrupción de la extracción de petróleo en los yacimientos afectados, que, según los resultados preliminares, fue aprobada en el referéndum del domingo», dijo la agencia en un comunicado.
El domingo, además de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, los ecuatorianos respondieron a dos consultas populares sobre erradicar la explotación petrolera en un bloque del Parque Nacional Yasuní y suspender la explotación minera en el Chocó Andino, la séptima reserva de la biosfera del país, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
«¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo?», fue la pregunta sobre explotación petrolera en el Parque Nacional del Yasuní, a la que la mayoría de los votantes respondió de forma afirmativa, según los resultados oficiales.
Con el 97,64 por ciento de las actas escrutadas, el «Sí» gana a nivel nacional con el 58,97 por ciento a favor de eliminar la extracción de crudo en ese enclave amazónico, mientras el «No» alcanza el 41,03 por ciento.
Esto implica que en el plazo de un año, el Gobierno ecuatoriano debe desmontar la infraestructura petrolífera que lleva 10 años extrayendo crudo en una zona del Parque Nacional del Yasuní.
Previo a los comicios, Fitch rebajó la calificación crediticia de Ecuador a «CCC+» desde «B-«, motivada por el riesgo de una mayor inestabilidad política y financiera en medio de la violenta campaña electoral.
«Nuestras previsiones más recientes publicadas en la revisión de la calificación de agosto no incluyen este impacto, y revisaremos nuestras previsiones en las próximas semanas», añade la agencia en su comunicado del martes.
Para Fitch, el impacto negativo resultante sobre el crecimiento del PIB real, las cuentas fiscales y la liquidez externa podría debilitar significativamente las métricas de crédito soberano.
Según las previsiones fiscales de Fitch, el déficit aumentará al 3,2 por ciento del PIB este año y al 3,4 por ciento en 2025, debido a la ralentización del crecimiento, la disminución de los ingresos del petróleo y el aumento de los gastos en intereses, salarios y transferencias de la seguridad social.
Además, añade la nota, el Gobierno ha calculado que la pérdida neta de ingresos relacionados con el petróleo de los tres campos de la cuenca amazónica sería de unos 200 millones de dólares este año, y de unos 600 millones de dólares anuales a partir de 2024.
PARLAMENTO FRAGMENTADO
La agencia crediticia también señala como un importante desafío para el nuevo Gobierno ecuatoriano la fragmentación que habrá en la Asamblea Nacional (parlamento), que impedirán la rápida aprobación de las reformas necesarias.
«Las elecciones legislativas celebradas el mismo día (domingo) dieron como resultado otra Asamblea Nacional fragmentada. Esto significa que el presidente interino necesitará construir y gestionar alianzas, potencialmente con múltiples partidos, para implementar una agenda política que ayude a revertir el deterioro económico y fiscal, y apoye el acceso a la financiación externa, incluyendo un potencial programa sucesor del FMI (Fondo Monetario Internacional)», dice el comunicado.
Además, es posible que vean un valor político limitado en tratar de promulgar reformas impopulares antes de que se celebren nuevas elecciones en 2025, cuando habría terminado el mandato de Guillermo Lasso.
«La inestabilidad política ha agravado las restricciones de financiación y nuestra hipótesis de base es que esta situación persista durante el resto del mandato presidencial», dice Fitch.
Ecuador celebró el domingo elecciones anticipadas convocadas luego de que el presidente saliente, Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea Nacional en mayo para evitar un juicio político.
El domingo ninguno de los candidatos alcanzó los votos necesarios para ganar primera vuelta, por lo que habrá balotaje entre la izquierdista Luisa González y empresario conservador Daniel Noboa el próximo 15 de octubre.
Las nuevas autoridades estarán en el poder hasta completar los cuatro años del mandato de Lasso, quien asumió en 2021.
