El germen de la idea se formó a mediados de este año, cuando un grupo de mapuches privados de libertad, en el marco de una investigación por ataques incendiarios en el sur del país, inició una huelga de hambre. Lo que pedían los indígenas no era ser liberados, sino ser trasladados al CET, un centro de trabajo con un sistema de presidio semiabierto donde los reos realizan actividades en el campo y donde predomina la población indígena.
Los pueblos indígenas tienen ritos especiales, como por ejemplo la renovación del rehue (tótem mapuche), un ritual de vital importancia espiritual que los líderes de ese pueblo deben realizar de manera periódica. Algunos argumentan que mantener a la población indígena agrupada permitirá entregar de manera más ordenada los beneficios que les permitan participar de estas y otras ceremonias.
En septiembre, el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista (centroizquierda), acompañado de parlamentarios de Convergencia Social (izquierda) y del Partido Comunista (izquierda), le planteó a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, la apertura de una cárcel especial para la etnia mapuche, el pueblo originario más numeroso en Chile. Y esta semana la ministra Ríos confirmó que el Gobierno está analizando esa posibilidad, pero aclarando que la cárcel sería para personas de cualquiera de los diez pueblos originarios que habitan el país.
«Estamos evaluando, de acuerdo a la normativa nacional e internacional, si es posible la apertura de una cárcel especial de este tipo. También estamos analizando los eventuales costos, el presupuesto que vamos a requerir y una vez que tengamos la propuesta integral, estudiada con los parlamentarios que nos propusieron la idea, vamos a poder presentar un plan más acabado», señaló la ministra.
PROS Y CONTRAS
Para los parlamentarios de sectores progresistas, esta iniciativa permitirá que la institución de Gendarmería adecúe de mejor manera sus protocolos para poder cumplir con los estándares sobre pueblos originarios que plantea, entre otros, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este acuerdo, suscrito por Chile, establece que los Gobiernos deben reconocer los «valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos indígenas para sus integrantes, así como respetar la integridad de sus valores, prácticas e instituciones».
«No estamos pidiendo privilegios especiales, sino que se implementen medidas para poder cumplir con los estándares. Y si eso pasa por cárceles especiales o por módulos dentro de las cárceles, eso deberá verlo el ministerio de Justicia», dijo al diario La Tercera el senador del partido Revolución Democrática (izquierda), Juan Ignacio Latorre.
En la derecha, la idea también sumo apoyo, aunque con argumentos algo distintos. Para los parlamentarios de oposición, mantener a los presos indígenas agrupados permitirá un mayor control, pues afirman que las organizaciones mapuches separatistas son las que orquestan los múltiples ataques incendiarios que se vienen perpetrando en la zona sur hace años.
«La cárcel debe construirse fuera del radio urbano, en un lugar rural en La Araucanía (sur) y ojalá sea de alta seguridad, lo que permitirá formar un camino para pacificar las ciudades y darle tranquilidad a sus habitantes», dijo al mismo medio el diputado Miguel Mellado, del partido Renovación Nacional (centroderecha).
Contra la iniciativa se mostraron parlamentarios como el diputado Henry Leal, de la Unión Demócrata Independiente (derecha). «No soy partidario de cárceles especiales. Sí creo en la segregación, pero de acuerdo al compromiso delictual, no a grupos específicos de personas, porque entonces mañana vamos a tener que crear otra para extranjeros», señaló.
Aunque en los pueblos originarios no existen dirigentes máximos ni representantes que aúnen la voluntad de toda su población, algunos líderes sí se manifestaron. Fue el caso de Aucan Huilcaman, vocero de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, quien no está de acuerdo con la eventual nueva cárcel.
«Es una manera de distraer la responsabilidad histórica que tiene el Estado chileno en el conflicto del pueblo mapuche. Además, es una manera equivocada de la aplicación del Convenio 169 de la OIT y otras normas internacionales relativas al pueblo mapuche», dijo el dirigente indígena a radio Cooperativa.
Debido a que la gestión de las cárceles y de Gendarmería depende exclusivamente del ministerio de Justicia, la medida no necesitaría de un proyecto de ley que deba ser aprobado por el Congreso. Bastaría un mero decreto gubernamental para llevarlo a cabo.
De todas maneras, las autoridades del Ejecutivo planean reunirse en los próximos días con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para socializar y pulir el tema.
