En un acto celebrado en la capital del país, Quito, el mandatario ha anunciado las ocho preguntas a las que deberá responder la población ecuatoriana de cara al próximo año, según recoge el diario local ‘El Comercio’.
En el ámbito de seguridad ciudadana se preguntará si la población está de acuerdo en la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizados y sobre la creación de un Consejo Fiscal que evalúe e incluso sancione a los miembros de la Fiscalía.
En las cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, en la consulta se evaluará la posibilidad de reducir el número de asambleístas, exigir un número de afiliados mínimo a las formaciones políticas y limitar las capacidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de autoridades.
Finalmente, en el apartado vinculado a la protección del medio ambiente, en la futura consulta ciudadana se evaluará la posibilidad de incorporar un sistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; así como el beneficio de compensaciones a personas y comunidades por su apoyo en servicios ambientales.
Con estas ocho cuestiones, el Ejecutivo plantea una serie de posibles reformas constitucionales. El próximo paso a dar ahora por el Gobierno será presentar de forma oficial el documento en el que se determinen los cambios a realizar en cada apartado de la Constitución.
