«El régimen de Ortega y Murillo sigue su estrategia de exterminio de las oenegés en Nicaragua», ha denunciado el CENIDH en su perfil oficial de Twitter, que ha resaltado que estas oenegés «tienen como objetivo velar por la niñez, las mujeres, la libertad de expresión y los Derechos Humanos».
Así, ha condenado «esta acción criminal», lo que para la organización supone «otro atropello más a la libertad de asociación en Nicaragua»: «Denunciamos a nivel internacional está violación a los Derechos Humanos de las y los nicaragüenses y llamamos a la solidaridad con este pueblo que vive sus días más oscuros».
En concreto, han sido canceladas la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (FUNDEMI); la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH); la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra; el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia; la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS) y la Asociación PEN Internacional de Nicaragua.
«De acuerdo al informe remitido por la oficina del Ministerio de Gobernación, estas seis organizaciones han incumplido con sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los Organismos sin Fines de Lucro, la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, la Ley de Agentes Extranjeros, entre otros», ha detallado la Asamblea Nacional del país en un comunicado.
En paralelo, el CENIDH ha confirmado este martes la condena de ocho años de la presidenta de Unión Democrática Renovadora – UNAMOS, Suyen Barahona, que fue declarada culpable a principios de febrero por atentar contra la seguridad nacional.
Hasta ahora, en el marco de los juicios a opositores que investigan delitos de traición, conspiración y corrupción en Nicaragua han sido declarados culpables hasta 19 opositores, según ha denunciado el CENIDH.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado este martes de que otorgará medidas cautelares a favor de los opositores Martha del Socorro Ubilla, Marlon Antonio Castellón Ubilla y Marvin Antonio Castellón Ubilla al considerar que «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia».
«Según la parte solicitante, las personas propuestas beneficiarias, quienes son identificados como opositores al actual gobierno nicaragüense, estarían siendo amenazadas, y estarían sufriendo agresiones, hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de autoridades estatales y paraestatales, situación que se habría agravado el tiempo», ha detallado en un comunicado la CIDH.
