Datos oficiales anteriores no hay, pues el Registro Nacional de Femicidios, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, comenzó su trabajo hace seis años.
Una asociación civil fue la pionera en rastrear los feminicidios a partir de 2008, la Casa del Encuentro. Relevó el asesinato de 2.094 mujeres hasta 2015, lo que arroja un promedio de 262 feminicidios anuales.
La persistencia de esta problemática año tras año contrasta en una nación donde el feminismo se sitúa a la vanguardia. Argentina es el país en donde nació Ni Una Menos. La primera marcha de ese movimiento, en junio de 2015, fue el puntapié inicial para irrumpir en la agenda pública y visibilizar una serie de demandas que desde entonces acompañan millones de mujeres.
FEMINISMO PUJANTE
Apenas cuatro meses después de aquella manifestación, en octubre de 2015, se celebró la primera huelga feminista, con la que Argentina se adelantó al paro internacional de mujeres que se realizó desde el 8 de marzo en 2016 en adelante.
Argentina es también el país que celebra desde hace 35 años los Encuentros Nacionales de Mujeres, ahora llamados Encuentros Plurinacionales de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries.
Entre sus fundadoras están las Madres de Plaza de Mayo, que durante la última dictadura (1976-1983) marcharon por la emblemática plaza que les dio nombre, frente a la sede del Ejecutivo en Buenos Aires, para exigir la aparición de sus hijos.
De estos encuentros surgió también la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro y Gratuito, un movimiento clave a la hora de conseguir, a finales de 2020, la ley que autoriza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación. En América Latina, solo Cuba y Uruguay, además de Guyana, cuentan con una ley similar a la sancionada por el país sudamericano.
La Ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006, es otro ejemplo de la conciencia feminista que se cultiva desde hace años. La normativa requiere que los alumnos de cualquier centro educativo, sea público o privado, reciban contenidos que promuevan la valoración de las personas con independencia de su apariencia, identidad y orientación sexual.
Argentina también promulgó a finales de 2020 la ley que ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, el feminismo también se vanagloria de que el Congreso sancionara en julio un proyecto que garantiza el 1 por ciento de los cargos del sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero.
El mismo apoyo fue explícito cuando el Gobierno decretó en julio la incorporación de la letra X en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y en los pasaportes, a fin de identificar a las personas que no se reconocen dentro de la binaria categoría femenina o masculina.
ESTADO INEFICAZ
Y pese a todos estos avances, el número de feminicidios se mantiene constante, cuando no va en aumento.
«Los factores son en principio dos», esboza a la Agencia Sputnik la abogada Victoria Aguirre, portavoz de la entidad Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que desde 2015 también lleva un registro de feminicidios.
La primera causa es cultural, señala quien también se especializa en políticas públicas y es coordinadora del Observatorio Mumalá, Mujeres, Disidencias, Derechos.
«Tenemos leyes pioneras y vanguardistas como la ESI pero que siguen sin tener una implementación transversal y constante en las 24 jurisdicciones del país», constata.
Al mismo tiempo, «las políticas públicas en materia de género y diversidad no han sido buenas, ni sistemáticas ni permanentes», evalúa Aguirre.
«Más allá de la gestión de turno, no hay diagnóstico ni políticas aplicadas de manera integral, menos aún en clave territorial y considerando la diversidad cultural, sexual, étnica, productiva y geográficas de los territorios», señala.
Con o sin el apoyo de las entidades gubernamentales, los movimientos feministas intentan poner de relieve las violencias y desigualdades de género. En los últimos días, lograron frenar la asunción como diputado provincial en Santiago del Estero (norte) de un condenado en 2015 por abuso sexual que además tiene otra causa judicial abierta por el mismo delito, Héctor Eduardo Ruiz.
«Lo imprescindible es la respuesta del Estado, pero no hay políticas públicas implementadas efectivamente en todas sus dimensiones. No hay presupuesto en estrategias territoriales, queda todo a criterio o convenios entre municipios, provincias y el Estado nacional», remarca la portavoz de Mumalá.
Todavía faltan políticas públicas integrales de ESl para lograr un cambio cultural que erradique la violencia de género. Aguirre también reclama «políticas activas hacia las masculinidades, abordaje de alertas tempranas, protocolos interjurisdiccionales e interdisciplinarios».
Y sobre todo, una justicia efectiva. «El acceso a la Justicia es lenta, onerosa y elitista para justamente las personas que atraviesan situaciones de violencia de género», sostiene Aguirre.
Hasta 2012 no se sancionó la ley que permitió incorporar en el Código Penal la figura de feminicidio y feminicidio vinculado. La primera sentencia condenatoria en este sentido fue dictada el 29 de octubre de 2014.
Seis años después, en 2020, solo el 2 por ciento (cuatro expedientes) de las 274 causas por feminicidios registradas por la Corte Suprema contaron con sentencia firme.
Otro 13 por ciento (32) de las causas fueron archivadas y el 84 por ciento (209) seguían en proceso, con un 68 por ciento (169) en etapa de investigación y el 16 por ciento restante (40) en etapa de juicio.
Bien lo saben los movimientos feministas: la lucha contra la violencia machista no ha hecho más que empezar.
