El decreto publicado este lunes matiza que estas indemnizaciones económicas no tienen naturaleza resarcitoria ni de reparación, por lo que las víctimas se guardan la posibilidad de emprender cualquier proceso administrativo, civil o penal contra el personal de la Policía de Perú que participó en la represión de estas protestas.
Aunque algunos informes registraron en aquellas manifestaciones al menos 44 heridos y una docena de muertos, la comisión del Ministerio de Justicia que se encarga de esta cuestión ha cifrado por el momento en 28 los damnificados y en cinco los fallecidos en las marchas que se produjeron entre mediados de noviembre y finales de diciembre del año pasado.
Las familias de las víctimas mortales de las marchas registradas entre el 20 y el 30 de diciembre de 2020 recibirán un único pago de 40.000 soles (8.800 euros), detalla el periódico peruano ‘El Comercio’.
En el caso de los heridos en las movilizaciones entre el 10 y 14 de noviembre, el 1 y 3 de diciembre y el 20 y 30 de diciembre de 2020, recibirán una compensación económica que oscilará entre los 15.000 soles (3.300 euros) y los 40.000 soles (8.800 euros), según la gravedad de los daños sufridos.
Las movilizaciones contra la reforma agraria del expresidente Vizcarra comenzaron a mediados de noviembre de 2020 en el departamento de Ica, en la costa sur de Perú, la región con mayor producción de uva del país andino. Los trabajadores del campo reclamaban mejores salarios y condiciones, así como el fin de las cláusulas de los intermediarios a las que están sujetos.
En un primer momento, los trabajadores lograron frenar dicha ley, pero ante la incapacidad del Congreso de sacar adelante el proyecto que derogaba el anterior, retomaron desde finales de diciembre las movilizaciones y los bloqueos. En dichas manifestaciones murieron otras doce personas, todas ellas en el departamento de La Libertad. A mediados de enero de este año se registraron las últimas protestas exigiendo justicia para los fallecidos.
