«Cúcuta es un negocio de confluencia de diferentes negocios ilegales, que van desde el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas y tristemente, el crecimiento de la trata de personas, que es uno de los negocios que más ha crecido por la movilidad humana», dijo a la Agencia Sputnik el politólogo Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la bogotana Universidad del Rosario.
En la madrugada del martes, una primera detonación se escuchó en inmediaciones del aeropuerto Camilo Daza, de esa ciudad. En ella, falleció la persona que cargaba los explosivos, según reportes preliminares de las autoridades.
Horas después, una segunda carga se activó cuando policías antiexplosivos revisaban la zona. El artefacto, una maleta abandonada en el lugar, causó la muerte a los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez.
Los uniformados habían retirado minas antipersonales en Norte de Santander, según informó la policía colombiana, y habían desactivado en septiembre un vehículo bomba en el municipio de El Tarra, en pleno corazón del Catatumbo, región geográfica que cuenta con más cultivos de coca en Colombia (principal productor mundial de cocaína).
Tras ese hecho, fueron condecorados por su labor.
Cúcuta, como capital de Norte de Santander, es el centro urbano más grande cercano a esa zona.
Es «la receptora de toda la lógica narcotraficante que se vive en el Catatumbo. Entonces, hay diferentes organizaciones al margen de la ley, tanto colombianas como venezolanas, que están compitiendo por los recursos de la ilegalidad en esta área», agregó el analista.
Tras el atentado del martes, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que allí actúan «las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en la frontera siempre buscan activar acciones terroristas que se planean y financian desde Venezuela».
En junio pasado, se presentaron dos atentados en esa misma ciudad: el 15 de ese mes, un carro bomba explotó en la Brigada 30 del Ejército e hirió a una treintena de personas; y diez días después, el helicóptero donde se movilizaban el presidente Iván Duque y su comitiva, fue atacado con tiros de fusil.
Las autoridades atribuyeron ambos casos a las disidencias de las FARC, y dijeron que se habían planeado en el vecino país.
HIPÓTESIS
Por un lado, versiones de prensa sostienen que el ataque planeaba destruir aeronaves oficiales presentes en el aeropuerto cucuteño, y dirigidas a la lucha antinarcóticos en el Catatumbo.
Por otro, y para el analista Rodríguez, el alcalde de la ciudad, Jairo Yáñez, pudo haber sido el blanco.
«Hay que tener en cuenta el cambio político que ha vivido la ciudad de Cúcuta. Estaba cooptada por unos sectores corruptos, que han sido desplazados por el actual alcalde, Jairo Yáñez, y no se puede descartar que esto también generara tensiones adicionales, además porque era una de las personas que iba a viajar desde el aeropuerto», agregó el experto.
Tras las explosiones, la estatal Aeronáutica Civil suspendió los vuelos hasta nueva orden. Yáñez reveló en su cuenta de Twitter que, en el momento de la primera detonación, esperaba abordar hacia Bogotá.
«A pesar de que aún continúan las líneas de investigación, no se puede negar que el trabajo que ha hecho el alcalde en contra de la corrupción lo convierte en uno de los objetivos de estos grupos», insistió Rodríguez.
El director de la Policía, Jorge Luis Vargas, y otras autoridades, se movilizaban a la ciudad en la tarde del martes para encabezar las investigaciones.
VENEZUELA
Desde el inicio de su Gobierno, Duque y sus funcionarios han afirmado en varias ocasiones la presencia de disidentes de las FARC en territorio venezolano.
De hecho, hace una semana, las autoridades colombianas confirmaron la muerte de alias El Paisa (cuyo nombre real es Hernán Darío Velásquez) en Venezuela, producto de disputas por rutas de narcotráfico. También aseguraron que alias Romaña (Henry Castellanos) había fallecido violentamente en otro punto del territorio del vecino país, aunque sin dar más detalles.
Del otro lado de la frontera no se han pronunciado respecto al particular.
Tanto El Paisa como Romaña eran lugartenientes de alias Iván Márquez (Luciano Marín), jefe de la disidencia denominada Segunda Marquetalia.
Los tres fueron firmantes del acuerdo de paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla en 2016, pero desertaron y crearon el nuevo grupo armado ilegal en 2019.
La Segunda Marquetalia hace presencia en la frontera colombo-venezolana (ambos países comparten un área limítrofe de más de 2.200 kilómetros) y está enfrentada con otra, también reducto de las FARC, liderada por el también disidente, alias Gentil Duarte (Miguel Botache Santillana).
A la porosa línea limítrofe se suma también la falta de diálogo entre las autoridades, pues Bogotá y Caracas no tienen ninguna comunicación desde 2019, cuando Duque reconoció al político opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
«La falta de diálogo entre el gobierno colombiano y el régimen venezolano causa que estos grupos aprovechen este estatus quo creado, este ecosistema en que no hay diálogo entre las autoridades, para poder acrecentar las actividades delincuenciales», subraya Rodríguez.
El alcalde de Cúcuta pidió una mayor militarización de esa ciudad tras los atentados.
