Se trata de un recurso muy cuestionado puesto que violaría los principios de transparencia e impersonalidad que requiere cualquier ley de presupuestos y que desde su aprobación ha servido al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para mantener la gobernabilidad dentro de un Congreso repleto de clientelismo.
A la espera de que el viernes se confirme el trámite con los votos del resto de magistrados, este martes, los jueces del Supremo Carmen Lúcia Antunes, Luis Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski y Alexandre de Moraes han votado a favor de la suspensión que ya ordenó la semana pasada Weber.
Además de suspender la puesta en marcha de estas «enmiendas de relator» para todo el año 2021, el resto de jueces han mantenido otros puntos de la decisión de Weber, como registrar en una plataforma todas las demandas parlamentarias destinadas a distribuir estas enmiendas con el fin de garantizar la transparencia.
«Es del todo incompatible con la forma república y el régimen democrático de gobierno validar prácticas institucionales adoptadas en el ámbito administrativo o legislativo que, establecidas al margen del derecho y la ley, promuevan el secreto injustificado sobre hechos pertinente a la recaudación de ingresos, realización de gastos y asignación de recursos públicos, con evidente perjuicio de acceso a acceso a la población y de las entidades de control social», argumenta Weber.
Antes de la votación en el Supremo, la polémica por estos «presupuestos secretos» se había instaurado en la figura del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Leiria, después de que fuera señalado por nepotismo al destinar hasta 3,8 millones de reales (cerca de 600.000 euros) de estos fondos a la ciudad de Barra de Sao Miguel, de la que su padre, Benedito de Lira, es alcalde, a través, a su vez, de una empresa pública del Ministerio de Desarrollo Regional que está dirigida por su primo Joao José Pereira Filho.
Los bastiones electorales de los líderes del Centrao –grupo de formaciones políticas cuyo único fin es arrimarse al Poder Ejecutivo para obtener ventajas y privilegios a través de redes clientelares– y los aliados del Gobierno han sido los principales beneficiados de este nueva enmienda.
