Las obras se realizaron durante el mandato del exministro de Salud Eduardo Pazuello. Las autoridades sospechan que el personal militar eligió a determinadas empresas para llevar a cabo la renovación sin un proceso de licitación. Para ello, habrían utilizado la pandemia como justificación para considerar «urgentes» las obras.
Según la investigación, el valor total del contrato ejecutado sin licitación es de aproximadamente 20 millones de reales brasileños (más de 3,1 millones de euros), mientras que la empresa contratada no tendría capaz económica u operativa para ejecutar el contrato suscrito, recoge el portal de noticias G1.
Los investigados en el marco del caso, por el que este miércoles se han llevado a cabo cuatro órdenes de registro e incautación, habrían cometido supuestamente los delitos de contratación directa ilegal y frustración del carácter competitivo de la licitación, cuyas penas pueden alcanzar los ocho años de prisión y una multa.
