«La demanda de inconstitucionalidad plantea que se suspenda la aplicación del decreto ejecutivo No. 95 mientras el Gobierno no garantice el derecho a la consulta libre, previa e informada, con carácter vinculante, como establece la Carta de las Naciones Unidas», dijo el titular de la Conaie, Leonidas Iza, en conferencia de prensa.
Ese decreto establece la nueva política hidrocarburífera del país suramericano orientada hacia mayor participación del sector privado y la meta de duplicar la producción petrolera a un millón de barriles diarios al fin del período de Gobierno, en 2025.
Según Iza, dicha resolución se aprobó sin tener en cuenta los efectos desastrosos que, dijo, ha dejado la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana (este).
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas, mientras tanto, anunció que en las próximas semanas se presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto Nº 191, suscrito por Lasso el 5 de agosto, en el que se define un plan de acción para el sector minero.
Según Vargas, los decretos 95 y 191 promueven la ampliación de la frontera petrolera y minera, respectivamente.
Por ello, hizo un llamado a todas las nacionalidades a defender sus territorios y advirtió de una gran movilización indígena a nivel nacional si no se atendían sus demandas.
En la misma conferencia de prensa, la lideresa de la nacionalidad Waorani, Nemonte Nenquimo, dijo que el Gobierno nacional solamente ve a los territorios de los pueblos indígenas como una fuente de explotación de recursos.
Además, conminó al Ejecutivo a respetar la decisión de las comunidades amazónicas de mantener sus territorios libres de la explotación petrolera y minera.
Nunquimo advirtió que nunca dejarán que las compañías petroleras o mineras «entren y destruyan» su hogar y maten su cultutra.
