La anterior ley incluía entre las condiciones para perder el escaño la condena con sentencia firme a penas de cárcel o de inhabilitación. Ahora, «el diputado o diputada quedará suspenso en el ejercicio de sus derechos cuando previa privación de la inmunidad, esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito».
La reforma, impulsada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha salido adelante sin sorpresas gracias a la mayoría leal al Gobierno de Daniel Ortega. Para voces de la oposición como Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista, el texto «vulnera el principio de inocencia», según el diario ‘La Prensa’.
La reforma también elimina el receso parlamentario de 45 días en julio y agosto, de tal forma que la Asamblea Nacional operará de forma ininterrumpida del 9 de enero al 15 de diciembre. Además, los plenos ordinarios podrán convocarse con 24 horas de antelación, en lugar de las 48 actuales.
Los últimos cambios llegan a poco más de un mes de que Nicaragua celebre el 7 de noviembre elecciones generales y en plena escalada de represión contra la oposición. Solo desde mayo, las autoridades nicaragüenses han detenido a más de una treintena de personas críticas con el Gobierno de Ortega, siete de ellas precandidatas a los comicios presidenciales.
La ONG Human Rights Watch acusó la semana pasada al régimen de adoptar leyes a su medida y de promover acusaciones ambiguas y arbitrarias para aplacar cualquier hipotética amenaza política. Por ejemplo, una ley reciente prohíbe a los «traidores a la patria» presentarse para cargos públicos.
Las autoridades han iniciado investigaciones por «pedir intervenciones militares», «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», «demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos» e «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos», entre otras acusaciones.
En los casos examinados por la ONG, la Fiscalía generalmente no identificó acciones que sustentaran los cargos contra los acusados y los actos señalados podrían estar protegidos por la libertad de expresión. La defensa de la «integridad nacional» es una constante en la argumentación del Ministerio Público, aunque lo cierto es que los fiscales llegan a repetir palabra por palabra las acusaciones en expedientes distintos.
