Las sociedades eran administradas a través del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), que según ha revelado la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) pidió a Aitken cerrarlas o traspasarlas al conocer que algunas de ellas eran propiedad del dictador.
«Hemos leído en el diario ‘El Mercurio’ que tú has aceptado el hecho de que el general Pinochet es el dueño de algunas de estas sociedades, lo cual nunca se nos informó a nosotros anteriormente. Nosotros no estamos en posición de juzgar si el patrimonio de estas sociedades fue obtenido o no de manera ilegal, pero el mero hecho de que su posible propietario sea el general Pinochet (quien es una ‘persona políticamente expuesta’) es suficiente, de acuerdo con nuestras políticas internas, para que procedamos a renunciar como Agentes Residentes de todas las sociedades en las cuales tú apareces como corresponsal», recoge uno de los correos electrónicos dirigido al abogado publicados en los Papeles de Pandora.
Las alarmas en Panamá y en el despacho de abogados saltaron cuando en julio de 2004 el Senado de Estados Unidos publicó un informe en el que revelaba que el autócrata tenía cuentas en uno de los bancos del país, una información que motivó una investigación del patrimonio de Pinochet que llevó a revelar la existencia de las ‘offshore’ en Islas Vírgenes Británicas, recuerda CIPER, uno de los medios chilenos que ha participado en la investigación periodística.
Los Papeles de Pandora reflejan cómo Alcogal envió justificaciones a diversas entidades para tratar de desvincularse completamente de las sociedades que gestionaban el patrimonio de Pinochet, especialmente tras el revuelo que provocó la información en Estados Unidos.
De las seis sociedades, Belview fue la más prolífica, ya que fue a través de la cual el dictador llevó a cabo sus negocios inmobiliarios, a través de una subsidiaria que su testaferro creó en Santiago, comprando varios apartamentos y propiedades por un valor de unos 700 millones de dólares (unos 603 millones de euros). Por otro lado, Cornwall se ha demostrada asociada a la venta ilegal de armas.
