En una rueda de prensa, representantes de estas organizaciones han acusado a Porras de ser «servil a la alianza criminal» por generar procedimientos que obstruyen la justicia y «manipular con total descaro casos». Además, han asegurado que la fiscal ha colocado a personas afines para «proteger la impunidad».
Decenas de personas se han reunido ante la sede del Ministerio Público para realizar una marcha contra Porras, a la que el Departamento de Estados de Estados Unidos ha agregado a su lista de «operadores corruptos», según informaciones del diario ‘Prensa Libre’.
El diputado Aldo Dávila ha aseverado que si Porras tuviera «un centavo de dignidad, ya se habría ido». «Aquí le vamos a dejar su centavito a esta descarada cínica, desvergonzada y amiga del (presidente) Alejandro Giammattei, que evidentemente ya no tiene sangre en la cara», ha aseverado antes de afirmar que «por vergüenza y dignidad tiene que renunciar».
La diputada opositora Sonia Gutiérrez ha pedido al Congreso que solicite la renuncia de Porras, una iniciativa que ha sido rechazada por diputados oficialistas y aliados, que han salido a su defensa.
Desde el mes de julio han aumentado las peticiones para que Porras presente su dimisión, especialmente tras la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, que abandonó Guatemala al temer por su vida. Porras había solicitado una orden de arresto en su contra para investigarlo por presuntamente revelar información sobre casos de investigación.
Porras anunció el cese de Sandoval por cometer «vejaciones» contra su persona; una decisión rechazada por el afectado, quien explicó que en todo momento actuó de manera cordial y respetuosa hacia quien era su jefa, a la que pidió explicaciones sobre su insistencia en poner toda actuación en conocimiento del presidente Giammattei.
Asimismo, Sandoval indicó previamente que había indicios de nuevas investigaciones contra funcionarios de la administración de Giammattei, por ejemplo en un caso vinculado al exministro José Luis Benito, que tuvo que desarrollarse en completo silencio dado que, denunció el ahora exfiscal, «existía información que uno de los Secretarios de la Fiscal General trasladaba la información» fuera del ámbito de los implicados en las pesquisas.
Sandoval es el quinto fiscal que abandona Guatemala en menos de tres años a causa de sus investigaciones sobre el llamado «Pacto de Corruptos», como bautizó la exfiscal general Thelma Aldana, también en el exilio. Trabajó en casos judiciales como ‘Línea Consolidadores’, en el cual resultaron imputados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
