Como resultado de la coordinación con los gobiernos de los 32 estados de la federación mexicana, para los trámites necesarios, «el día de mañana (15 de septiembre) se hará efectivo el otorgamiento de beneficios (de la preliberación) a 682 internos» en todo el país, beneficiados por un reciente decreto presidencial anunciado en julio pasado, dijo el responsable de la política interior.
Hasta la fecha, «se tienen 4.233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva», que han sido entregados a los jueces, al Consejo de la Judicatura o la Fiscalía General, según corresponda, y serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad, agregó el funcionario en conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las entidades federativas con más preliberaciones mediante las nuevas reglas legales y medidas cautelares consideradas en el decreto presidencial están: Chiapas (sur) con 198; Durango (noroeste) con 100, Baja California (noroeste), 63; Veracruz (sureste), 50; Oaxaca (sur), 48; y la Ciudad de México con 40 personas que recibirán los nuevos beneficios jurídicos.
Estas primeras preliberaciones son el principio de un proceso cuyos avances serán presentados cada mes, anunció López.
Los lineamientos y su aplicación estará a cargo de un Comité Permanente, encarado del seguimiento de acciones para gestión de las solicitudes de los beneficios del decreto presidencial.
A julio de este año en todas las prisiones del país hay 220.866 personas estaban privadas de su libertad, de ellas 16.464 están en centros federales por delitos de crimen organizado, entre otros, que representan solo el 7,4 por ciento del total.
El resto de detenidos está en penales locales por delitos del fuero común: «significa que 92,6 por ciento de internos podrían acceder a beneficios en el ámbito local», detalló el responsable de Gobernación.
«No podrán acceder a la preliberación las personas procesadas por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad (tráfico de drogas), trata de personas, delincuencia organizada, secuestro o delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, que son del fuero federal en su mayoría», subrayó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 29 de julio que firmaría el mencionado decreto ejecutivo para que «todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul sea liberado».
Además serán liberados los presos en cárceles federales que en 10 años no hayan sido sentenciados; junto con adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del fuero federal sin haber cometido «delitos graves»; y adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel sin haber cometido «delitos de sangre».
El Protocolo de Estambul, aprobado por la Organización de Naciones Unidas en 1999, es un conjunto de directrices internacionales para médicos y abogados para determinar si una persona ha sido torturada.
