Así, ha solicitado al secretario de Estado, Antony Blinken, que presione a las autoridades salvadoreñas para que cooperen con los fiscales en el marco del caso sobre la masacre perpetrada por el Ejército en diciembre de 1981 en el departamento de Morazán, según informaciones del diario ‘La Prensa Gráfica’.
Además, ha pedido que se haga entrega de los documentos para trabajar con las entidades estadounidenses pertinentes y ayudar a la Justicia salvadoreña a sacar adelante el caso, especialmente al juez de instrucción Jorge Guzmán.
«No más de 30 días después de la fecha en que se promulgue esta ley (que hace asignaciones para el Departamento de Estado), el Secretario de Defensa ordenará a todas las oficinas, departamentos, agencias y entidades de la Agencia de Defensa que identifiquen y entreguen a las autoridades judiciales salvadoreñas, incluido al juez salvadoreño que investiga y procesa el caso de la masacre de El Mozote, todos los materiales que podrían ser relevantes para la masacre de El Mozote, que ocurrió en diciembre de 1981», recoge una enmienda al borrador de la ley que debate la comisión.
El 1 de noviembre de 2019, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, prometió entregar los archivos militares sobre la masacre. Pero el año pasado justificó que el Ministerio de Defensa no acató una orden judicial, lo que ha impedidor al juez y los peritos del caso acceder a seis unidades militares para buscar los archivos.
La Cámara Baja estadounidense ha pedido también que se investigue y se lleve ante la Justicia a los responsables de la masacre, lo que incluye la identificación y provisión de documentos relacionados y otros materiales similares desde enero de 1981 hasta enero de 1983.
La comisión ha pedido a Blinken que fomente una cooperación y ha alertado de que existe una «cultura de la impunidad que protege de cualquier consecuencia, judicial o de otro tipo, a quienes cometen violaciones de los Derechos Humanos contra civiles salvadoreños».
En abril, durante las audiencias preliminares del juicio por la masacre, la perito Terry Karl reveló que el asesor militar estadounidense Allen Bruce Hazelwood estuvo junto con el coronel Domingo Monterrosa durante la masacre. Según Karl, que la presencia del asesor no se conociera antes se debió a un «encubrimiento sofisticado» del Gobierno del expresidente Ronald Reagan.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas muestra que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.
