«Hemos ordenado la suspensión de todo proceso de licitación nuevo, de tal modo que no se inicie ninguna compra o contratación pública sin nuestra autorización expresa», ha explicado el vicepresidente de la mesa, Jaime Bassa.
Una medida, reconoce Bassa, que se «mantener durante un tiempo», a la espera de que se pueda conformar una comisión adicional que se encargue de esas cuestiones. A su vez, ha anunciado la aprobación de un aumento del presupuesto destinado para la Constituyente, que pasa de los 6.700 millones de pesos chilenos (7,5 millones de euros) a 8.370 millones de pesos (9,4 millones de euros).
Por otro lado, Bassa también ha informado de que la mesa de trabajo reclamará para la Constituyente el control de los presupuestos estatales, y si bien seguirán siendo aplicados a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile (SEGPRES), las decisiones políticas serán tomadas por la Convención.
Al tercer intento, la Convención Constitucional ha podido celebrar este miércoles sus primeras sesiones, después de los intentos fallidos días atrás por problemas técnicos y la imposibilidad de seguir el protocolo para prevenir los contagios de coronavirus del Gobierno de Sebastián Piñera.
La redacción de la nueva Constitución en Chile, que vendrá a sustituir a la anterior aprobada en 1980 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, es el resultado de las movilizaciones contra el Gobierno de Piñera que comenzaron en octubre de 2019 y se prolongaron durante meses.
