«Carabineros pidió que se declare inconstitucional la norma que los obliga a hacer entrega del registro de cámaras corporales de detenciones en el contexto del estallido social», consignó el medio.
La iniciativa de la policía surgió luego de que el Consejo para la Transparencia, un organismo del Estado que fiscaliza entes públicos, señalara que la institución está obligada a publicar el contenido del material, sobre todo por las investigaciones que la justicia está llevando adelante en relación a las eventuales violaciones a los derechos humanos perpetradas en ese contexto.
Carabineros se negó a entregar los registros argumentando que cualquier procedimiento de esta índole no puede ser solicitado por un órgano como el Consejo, sino que debe ser directamente requerido por una sentencia judicial.
Durante los próximos días, el TC deberá decidir si la solicitud de la policía cumple con los requisitos formales para ser acogida a trámite.
El estallido social fue un proceso de protestas ciudadanas que vivió Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020 en contra del Gobierno del presidente Sebastián Piñera y el modelo económico neoliberal.
Durante la represión policial se registró una serie de violaciones a los derechos humanos que fueron registradas y ratificadas por distintas organizaciones observadoras como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
