El Gobierno de Uruguay ha decidido el cierre de sus fronteras y restringir el derecho de reunión con el objetivo de frenar la propagación de la pandemia de COVID-19, medidas que entran en vigor este lunes y se extenderán hasta el 10 de enero.
En rueda de prensa, el ministro del Interior uruguayo, Jorge Larrañaga, y el de Defensa, Javier García, han detallado que, para asegurar el cumplimiento del cierre de fronteras, se instalarán 25 puestos de control y se desplegarán 500 efectivos del Ejército.
Además, los puentes se vallarán y sólo podrá ingresar el transporte de carga. Asimismo, los vuelos particulares están prohibidos, igual que la llegada de embarcaciones procedentes de otros países.
En referencia al derecho de reunión, su incumplimiento conllevará multas de entre 30 y 1.000 unidades reajustables –unidad de medida cuyo valor es ajustado periódicamente en función del Índice Medio de los Salarios uruguayo–, además de la posibilidad de fijar, mediante la intervención de la Fiscalía, un delito de desacato.
La normativa, aprobada el viernes, puede ser ampliada durante otros 60 días después del 10 de enero.
Uruguay es uno de los países menos afectados por la pandemia de América Latina. Este domingo, las autoridades sanitarias del país registraron 497 nuevos casos y cinco fallecimientos debido a la COVID-19. Con estas cifras, Uruguay contabiliza 13.048 personas contagiadas en total y 118 muertes debido a la enfermedad, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud uruguayo.
