Venezuela ha rechazado este jueves las sanciones impuestas en su contra por parte de Reino Unido por la presunta comisión de graves violaciones de los Derechos Humanos y ha considerado que se trata de «medidas trasnochadas» que obedecen «a la nostalgia colonialista de un imperio desaparecido».
En un comunicado difundido por el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha destacado el «sesgo ideológico» con el que actúa la diplomacia británica, que ha tildado de «inconveniente e inaceptable en relaciones internacionales civilizadas».
«La inobservancia del Derecho Internacional a través del uso de mecanismos ineficientes, con el inconfesable objetivo de ejercer presión en favor de una agenda extremista y violenta, lejos de favorecer el clima necesario para la resolución de diferencias, atiza la confrontación política desde el exterior», ha añadido.
Además, ha vinculado las sanciones con «el secuestro» de 32 toneladas de oro de Venezuela que permanecen en el Banco de Inglaterra «gracias a la actitud irresponsable de las instituciones británicas».
«En plena crisis sanitaria mundial por la expansión de la COVID-19, desde Londres se han colocado obstáculos inconcebibles para que Venezuela no pueda disponer de sus recursos legítimos, depositados en Reino Unido, con el fin de enfrentar la inesperada pandemia con mayor eficiencia», ha agregado, antes de señalar que la «combinación» de hechos hace cómplice a Londres «del bloqueo criminal del Gobierno de Donald Trump».
«Y, peor aún, lo sitúa como autor intelectual y material de decesos y afectaciones a la salud de venezolanos que pudieron evitarse con el simple respeto a la soberanía de Venezuela», ha remachado el Ejecutivo del país latinoamericano, que ha reiterado su postura en contra de la imposición de «medidas coercitivas unilaterales».
Las autoridades de Reino Unido han anunciado este jueves una batería de sanciones contra once individuos y una organización de Rusia, Venezuela, Gambia y Pakistán por la presunta comisión de graves violaciones de los Derechos Humanos.
En el caso de Venezuela, las sanciones están dirigidas a altos cargos del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, e incluyen prohibiciones de viaje y la congelación de bienes.
