Después de 35 años, la deuda con los familiares de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia de Colombia sigue perenne, pues sólo se ha condenado a un responsable, los procesados no han dicho toda la verdad, y el caso está detenido desde hace más de un año en los tribunales, todo lo cual sólo ha servido para lacerar aún más las heridas que siguen abiertas en la memoria de los deudos.
«Nosotros necesitamos una verdad ya, la que sea que los victimarios tengan que contar, pero ya; han pasado 35 años y no ha habido ninguna verdad ni ningún reconocimiento por parte de ellos», dijo a Sputnik la integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Pilar Navarrete, viuda de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, uno de los fallecidos en el Palacio.
La situación para los familiares es todavía más angustiosa desde que en 2019 la Fiscalía General de la Nación emitió una circular interna según la cual las investigaciones continuarán pero los fiscales no se pronunciarán de fondo hasta tanto la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) conozca del caso.
La toma del Palacio fue protagonizada por miembros de la entonces guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), que el 6 de noviembre de 1985 ejecutaron la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, con la cual pretendían someter al presidente Belisario Betancur (1982-1986) a un juicio público por faltar a los compromisos asumidos en las negociaciones de paz con ese grupo en los Acuerdos de Corinto, celebrados en 1984.
Tras la toma, los militares respondieron con el llamado Plan Tricolor para recuperar el control del edificio, pero en el desarrollo de las operaciones, que tardaron 27 horas, un total de 98 personas murieron, entre ellas once magistrados, al tiempo que otras doce personas fueron desaparecidas de manera forzada.
A esa conclusión se llegó luego de que los civiles que salieron con vida del lugar fueron concentrados en el primer piso de la Casa del Florero (museo que se aloja en una construcción colonial, diagonal al Palacio) y sobre algunos se impartió la orden de trasladarlos a dependencias militares, tras lo cual nunca más se les volvió a ver.
Por la muerte y desaparición de cinco personas fue sentenciado a 35 años de cárcel el entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, el hoy general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, quien según las investigaciones ordenó proceder sobre los «sospechosos», es decir, los civiles que salieron con vida del Palacio escoltados por militares.
EL PROCESO
Durante casi todos estos 35 años la justicia ordinaria se ha encargado de investigar el caso del Palacio.
Sin embargo, una vuelta de tuerca se produjo luego de que el pasado mayo la JEP aceptó en esa jurisdicción a Arias Cabrales, quien desde meses atrás solicitó a dicho tribunal que revisara el fallo que le dictó en 2008 la Corte Suprema de Justicia tras hallarlo responsable de los hechos como coautor del delito de desaparición forzada.
Tras ser aceptado por la JEP, Arias Cabrales fue beneficiado con la libertad transitoria anticipada y en contraprestación se espera que diga la verdad, lo cual aún no ocurre.
«Yo creo en la JEP, en la Comisión de la Verdad, en la Unidad de Víctimas de Personas Dadas por Desaparecidas, pero el proceso del Palacio de Justicia tiene una complejidad, y es que las personas que están procesadas, como Arias Cabrales, llevan muchos años en esa condición y no han confesado absolutamente nada», dice Navarrete.
«Si tuvieran algo que aportar ante la JEP sería maravilloso», agrega, aunque admite que no tiene mayores expectativas, pues, a su juicio, «no aportarán nada y no va a pasar nada, como ha ocurrido con la Fiscalía».
Aunque doloroso, por ahora puede que Navarrete tenga razón. La JEP, creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para juzgar a exguerrilleros, militares y financiadores del conflicto, no ha abierto aún casos por desaparición forzada, así que si tiene que iniciar con uno, lo ideal «sería que fuera con el del Palacio de Justicia», apunta la integrante de Movice.
VÍCTIMAS DE IMPUNIDAD
Como Navarrete, otros familiares de las víctimas son a su vez víctimas directas de la impunidad en torno al caso del Palacio de Justicia, como escribió recientemente Helena Urán Bidegain en un artículo para la publicación Colombia 2020, del diario local El Espectador y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del palacio y fue asesinado después por agentes del Estado, la mujer sólo supo esa verdad 22 años después junto con su familia, con quien creyó que su padre había muerto por una bala perdida en los hechos que rodearon la toma y la retoma del Palacio, en el centro histórico de Bogotá.
«Hoy, 35 años después de los hechos del atentado al Palacio de Justicia en 1985, la verdad no logra aún acabar con la impunidad en nuestro caso», escribió Urán Bidegain en el artículo, en el que subrayó cómo la injusticia persiste «al tener que seguir luchando para superar el armazón de impunidad y silencio imperante en este caso».
Los abogados que representan a las víctimas dicen ser «convidados de piedra» ante la pasividad de la justicia frente al proceso, por lo que confían en que los procesados aporten a la verdad, mientras instauran recursos con los que buscan destrabar las investigaciones.
«Arias Cabrales debe hacer un compromiso de verdad ante la JEP luego de que se sometió a ella, sobre todo porque el centro de esa jurisdicción son las víctimas y la verdad. Si él no la dice y se mantiene en su versión de que los militares no hicieron nada, hay que retirarlo de la JEP y que cumpla la sentencia de 35 años que le impuso la justicia ordinaria», consideró ante esta agencia el abogado Rafael Barrios, de Movice.
La importancia del proceso «no se puede socavar en términos de justicia porque dos o tres personas se acogen a la JEP, cuando en estos crímenes participaron cerca de dos mil militares», expresó por su parte a Sputnik el jurista Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que al igual que Movice representa a los familiares de las víctimas.
Carreño recordó que no sólo Arias Cabrales se acogió ante la JEP, sino que lo propio hicieron también el general Iván Ramírez Quintero y el sargento Bernardo Alfonso Garzón, que trabajaban con la inteligencia y la contrainteligencia militar y que están implicados en las desapariciones de civiles en el Palacio.
REVICTIMIZACIÓN
En medio de los preparativos de conmemoración de 35 años de la toma, la revictimización de los familiares es una constante debido a la quietud del proceso y a los señalamientos por parte de los militares, quienes acusan a los parientes de mentir.
«Los militares aseguran que mentimos respecto de los desaparecidos, pese a que hay instancias internacionales que dicen que sí los hubo. Así que todo el tiempo ha sido una revictimización, aunque últimamente lo es más por la inoperancia de la justicia», dice Navarrete.
Ella, quien hace sólo tres años recibió parte de la osamenta de su esposo, asegura que el dolor es mucho mayor porque tales restos no dicen «mucha verdad de lo sucedido y sí, en cambio, dejan muchas dudas» a los parientes.
«La desgracia de que esto se haya alargado tanto repercute en que las pruebas son cada vez más débiles y se pierde la certeza de lo que sucedió», agrega, mientras sostiene que pese a ello las víctimas seguirán siendo «una piedra en el zapato» para los administradores de justicia en Colombia, ante los cuales seguirán llamando la atención con recursos judiciales, movilizaciones y artículos conmemorativos.
