La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela ha aprobado este jueves la Ley Antibloqueo para «contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva los efectos nocivos generados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales emanadas por otros Estados», principalmente por Estados Unidos.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha presentado este proyecto legislativo para «defenderse y contraatacar» frente a las sanciones, alegando que el país sudamericano ha dejado de percibir más de 65.000 millones de dólares entre 2015 y 2019 por la presión sobre su industria petrolera.
La ley establece que sus artículos tendrán acción preferencial sobre el marco legal preexistente, mientras que otorga al Ejecutivo la capacidad de «modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior», según el propio texto legislativo.
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, ha insistido durante la sesión extraordinaria celebrada este miércoles en que esta nueva ley se aplicará sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal, PDVSA, que se encarga de suministrar las reservas de crudo del país sudamericano, según recoge Venezolana de Televisión.
Asimismo, ha añadido que «esta Ley es un instrumento para blindar la economía del país, ante las constantes arremetidas del Gobierno de Estados Unidos, los cuales buscan desestabilizar al país».
Ante las acusaciones de que este nuevo marco legislativo es inconstitucional, Cabello ha insistido en que «garantiza» a la Constitución, aunque el Ejecutivo ha decidido presentarlo al Consejo de Estado para que éste, a su vez, solicite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia su opinión sobre su constitucionalidad, según informa el medio citado.
Cabello también ha señalado que la ANC está en el derecho de dotar al presidente con un instrumento legal con el cual se pueda seguir «combatiendo y maniobrando las sanciones criminales impuestas por Estados Unidos». Por esto, la nueva ley otorga facultades al Ejecutivo para «la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para la protección de los activos nacionales», según recoge el texto legislativo.
Por otro lado, este marco legislativo declara «secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas», confidencialidad que se mantendrá «hasta 90 días posteriores al cese» de las sanciones que hayan «propiciado la situación».
Sin embargo, la ley no ha sido bien acogida en todos los sectores del chavismo, algunos incluso la han tildado de «ley del saqueo», al considerar que «entregará empresas y activos del Estado al capital privado, nacional e internacional, utilizando la muy conveniente excusa del ‘bloqueo'», según ha expresado el expresidente de la empresa estatal venezolana de petróleo PDVSA Rafael Ramírez en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.
Por su parte, Maduro, que ha señalado que la vigencia de la ley será «hasta tanto cese el bloqueo», y ha considerado en Twitter que la ley proporcionará «normativas y cancha para maniobrar y trancarle el juego a los que han causado este malévolo bloqueo».
