La Unión Europea ha enviado una misión diplomática a Caracas para tratar con el Gobierno y la oposición venezolana el aplazamiento de las elecciones legislativas, previstas en principio para el 6 de diciembre, para que cuenten con los requisitos mínimos, entre ellos observadores internacionales.
Fuentes comunitarias han confirmado a Europa Press que representantes de la UE se encuentran esta semana en Caracas y se reunirán con los principales actores políticos en el país, incluyendo el Gobierno de Nicolás Maduro. Esta maniobra se enmarca en los esfuerzos de la diplomacia europea de promover un marco político en Venezuela que permita unas elecciones con los requisitos mínimos y sean creíbles y justas.
En el centro del debate se encuentra la posibilidad de aplazar unos meses los comicios, algo que ha negociado el opositor Henrique Capriles con el Gobierno de Nicolás Maduro, en contra de la posición del líder opositor, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por la mayoría de países de la UE. Esto daría espacio para que la UE envíe observadores internacionales a Venezuela, según señaló esta semana el propio Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.
El jefe de la diplomacia comunitaria ve una «ventana de oportunidad» para poder enviar dicha misión si se «revisa el calendario» electoral, ya que el Servicio de Acción Exterior de la UE necesitaría «cinco o seis meses» de preparación para organizar dicha misión.
«Por el momento no se cumplen las condiciones, pero seguimos pensando que hay una ventana de oportunidad», aseguró Borrell en la rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores.
GRUPO DE CONTACTO
Esta misión llega después del encuentro del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela que constató que «no se dan las condiciones» en este momento para unas elecciones transparentes en Venezuela, pero valoró el llamamiento del Gobierno de Maduro a la comunidad internacional para que envíe observadores.
En una declaración tras el encuentro, el Grupo de Contacto señaló, no obstante, que el actual calendario electoral no permite el despliegue de una misión de observación electoral «ni deja tiempo ni espacio político para que las partes negocien las condiciones para unas elecciones creíbles, libres y justas».
La cita estuvo marcada por el informe de la ONU en el que se denuncian crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno venezolano, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio presidente Maduro y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).
El Grupo de Contacto expresó «su apoyo» a los trabajos de la misión de investigación y ha pedido que cuente con «acceso sin restricciones» al país para «poder llevar a cabo su mandato, antes de expresar su «profunda preocupación» por las conclusiones del informe.
