La ONG Human Rights Watch (HRW) ha criticado este lunes a las autoridades brasileñas por llevar a cabo políticas que disuaden a las víctimas de violencia sexual de solicitar el aborto legalmente, ya que la legislación, entre otros puntos, exige al personal médico dar parte a la Policía e incluso fomenta la delación hacia aquellas mujeres que se sometieron a una interrupción del embarazo de manera irregular.
«En lugar de garantizar que las sobrevivientes de violación tengan acceso al aborto legal, el Gobierno está adoptando políticas que podrían disuadir a las mujeres y las niñas de buscar apoyo y atención médica después de una violación», ha denunciado la subdirectora interina de HRW para Brasil, Tamara Taraciuk Broner.
El aborto es legal en Brasil en casos de violación, si la mujer corre peligro o el feto tiene problemas que dificulten su supervivencia.
Para poder practicar el aborto de manera legal es necesaria la aprobación de un médico y de al menos otros tres miembros de un equipo multidisciplinar, compuesto por un obstetra, un anestesista, una enfermera, un trabajador social o un psicólogo.
El Ministerio de la Familia, la Mujer y Derechos Humanos de Brasil ha anunciado en las últimas semanas que pondrá a disposición del personal médico una línea telefónica para denunciar a aquellas mujeres y niñas de las que sospeche que se han sometido a un aborto ilegal.
La nueva ley exige a los médicos y a otros profesionales de la salud recolectar pruebas e informar a la Policía cuando una mujer busca interrumpir un embarazo consecuencia de una violación.
Del mismo modo, otorga a estos profesionales la potestad de interrogar a las víctimas para obtener un relato detallado del tipo de violencia al que fueron sometidas. Todo ello sin el consentimiento de quien ha sufrido la violación.
«Las autoridades brasileñas deberían revocar urgentemente estas nuevas regulaciones, que aumentan el riesgo de que mujeres y niñas recurran a abortos inseguros que podrían poner en peligro su vida y su salud», ha exigido Broner.
Si bien los medios de comunicación brasileños informaron de que el nuevo ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, aseguró de puertas para dentro que estaba dispuesto a modificar algunos de estos puntos, la ONG ha exigido una revocación total de los artículos que contravengan los derechos de la mujer.
El próximo 25 de septiembre, el Tribunal Supremo de Brasil podría suspender temporalmente esta ley del aborto, mientras se estudian dos apelaciones presentadas por el Defensor del Pueblo Federal y hasta once estatales, que exigen su anulación.
VER Y OÍR EL FETO ANTES DE ABORTAR
HRW ha denunciado que las autoridades brasileñas pretenden utilizar el daño emocional al que está sometida la víctima para disuadirla de su deseo de abortar legal y libremente, como muestran algunos puntos de esta controvertida ley, que obliga a los médicos a mostrar imágenes y ultrasonidos del feto para hacerles cambiar de opinión.
A su vez, la ONG también ha señalado que la norma estigmatiza y culpa a estas mujeres, que podrían pasar de víctimas a verdugos, si su versión de los hechos, la cual deberá ser firmada, «no se corresponde a la verdad», llegando incluso a poder ser procesadas por fraude y aborto ilegal, castigado con hasta cinco años de prisión.
«Obligar a los médicos a actuar como investigadores criminales no soluciona el hecho de que Brasil no aplica adecuadamente las leyes para prevenir, enjuiciar y castigar la violencia de género», ha criticado Broner.
HRW ha insistido en numerosas ocasiones a las autoridades brasileñas de que amplíen el acceso al aborto seguro y legal en Brasil, recordando que su postura actual es «incompatible» con el Derecho Internacional.
En un país de 210 millones de habitantes, apunta la organización, sólo 42 hospitales han estado realizando abortos legales durante la pandemia del nuevo coronavirus, 34 centros menos que en 2019.
Se estima que una de cada cinco mujeres en Brasil ha tenido un aborto antes de los 40 años, la gran mayoría fuera del sistema de salud. Cada año, aproximadamente 200 mujeres mueren por complicaciones de abortos inseguros, según datos del propio Ministerio de Salud.
Por último, Broner también ha subrayado que esta legislación ahonda todavía más en los problemas de violencia de género que arrastra Brasil, ya que supone una intimidación para las víctimas al limitar su acceso libre y confidencial a los servicios de salud.
