La Justicia colombiana ha aplazado este miércoles hasta el próximo 22 de septiembre la audiencia para definir la libertad del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), en prisión domiciliaria desde hace poco más de un mes, mientras es investigado por un presunto delito de fraude electoral y por vínculos con grupos paramilitares.
Una jueza de un tribunal de Bogotá valorará durante estos días adicionales si hay jurisprudencia para declararse competente o no para resolver la situación actual de Uribe, después de que la defensa de una de las partes afectadas, el senador Iván Cepeda, defendiera que la magistrada no contaba con las competencias legales para dejar libre a Uribe.
De acuerdo con la defensa de Cepeda, la investigación debe seguir bajo el marco de la ley 600 que rige para los aforados, ya que en el proceso, que proviene del Supremo ya que Uribe renunció a su cargo de senador, no hubo un cambio de legislación, sino del ente investigador.
La defensa ha recalcado que «simplemente» el expediente ha pasado de la Sala de Instrucción del Supremo a la Fiscalía, «pero el procedimiento se mantiene porque era el vigente en el momento de la comisión de los presuntos hechos que se investigan».
Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con supuestos vínculos con escuadrones paramilitares.
Este caso se trata de una investigación por supuestos delitos de fraude electoral y manipulación de testigos, surgido después de que el propio expresidente iniciara un proceso contra el senador Iván Cepeda, a quien denunció por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle por vínculos con paramilitares.
Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio Uribe, ya que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió el senador del Polo Democrático, en algunas cárceles acusando al expresidente no fueron producto de manipulación ni de pagos.
«Uribe no debe quedar libre, pues representa un peligro para la correcta administración de justicia», ha escrito Cepeda en su cuenta de Twitter.
La defensa de Uribe, al igual que la Procuraduría, se ha opuesto a las peticiones de las víctimas y ha defendido que el proceso debe someterse a la ley 906, norma que rige la justicia ordinaria, ya que el acusado ya no tiene fuero constitucional.
Las víctimas de los numerosos procesos a los que tiene que hacer frente Uribe recelan de la Fiscalía, al estar en manos de un amigo íntimo del presidente, Iván Duque, quien es a su vez uno de los protegidos de Uribe, según amplios sectores del país.
Así lo consideran también los familiares del abogado defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle, por cuyo asesinato a finales de los 90 también se investiga a Uribe por su supuesta connivencia con los escuadrones paramilitares que le mataron mientras ejercía el expresidente como gobernador de Antioquia.
